Por Atilio A. Boron
Dando una vez más cumplimiento a su funesta misión Estados Unidos acaba de sabotear un acuerdo laboriosamente alcanzado entre el gobierno y la oposición venezolana en los diálogos de Santo Domingo. La carta que el 7 de Febrero hizo pública el ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero revela su sorpresa -y, de modo más sutil, su indignación- ante la «inesperada» renuncia por parte de los representantes de la oposición a suscribir el acuerdo cuando estaba todo listo para la ceremonia protocolar en la cual se anunciaría públicamente la buena nueva . Como revela en dicha carta RZ dice que luego de dos años de diálogos y discusiones se había llegado a un acuerdo para poner en marcha «un proceso electoral con garantías y consenso en la fecha de los comicios, la posición sobre las sanciones contra Venezuela, las condiciones de la Comisión de la Verdad, la cooperación ante los desafíos sociales y económicos, el compromiso por una normalización institucional y las garantías para el cumplimiento del acuerdo, y el compromiso para un funcionamiento y desarrollo plenamente normalizado de la política democrática.»
Este acuerdo, de haber sido firmado por la oposición, ponía fin a la crisis política que, con sus repercusiones económicas y sociales, había desatado una de las más graves crisis de Venezuela en su historia. Era también un paso gigantesco hacia la normalización de una situación regional cada vez más crispada por las resonancias del conflicto venezolano. El pretexto sorpresivamente utilizado por la avergonzada oposición fue la renovada exigencia de que las elecciones presidenciales fuesen monitoreadas por el Grupo de Lima, una colección de países (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía) cuyos gobiernos compiten para ver quien hace gala del mayor servilismo a la hora de obedecer las órdenes emitidas por la Casa Blanca para atacar a Venezuela. El Grupo de Lima no es una institución como la UNASUR, la OEA u otras por el estilo. El documento elaborado en la República Dominicana ponía en manos de la Secretaría General de la ONU organizar la fiscalización del comicio presidencial, una institución infinitamente más seria y prestigiada que el Grupo limeño en donde abundan los narcopresidentes, los golpistas bendecidos por Estados Unidos como los mandatarios de Brasil y Honduras , gobiernos como el de México que hicieron del fraude electoral un arte de incomparable eficacia, o el de Chile, cuyo mayor logro democrático es haber decepcionado tanto a su pueblo que menos de la mitad del electorado concurrió a votar en las últimas elecciones presidenciales. Sin embargo, la exigencia de que este impresentable grupo de gobiernos fuese el encargado de garantizar la «transparencia y honestidad» de las elecciones presidenciales en Venezuela fue el pretexto utilizado para boicotear un acuerdo que tanto trabajo había costado sellar. ¿Cómo explicar este súbito e inesperado cambio en la opinión de la oposición venezolana?
Para responder a esta interrogante hay que viajar a Washington. Tal como era previsible para la Casa Blanca la única solución aceptable pasa por la destitución de Nicolás Maduro y un «cambio de régimen», aún si esta opción entraña el peligro de una guerra civil e ingentes costos humanos y económicos. En otras palabras, el modelo es Libia, o Irak, y de ninguna manera una transición pactada entre el gobierno y la oposición, o menos todavía, aceptar la supervivencia del gobierno bolivariano a cambio de algunos gestos de moderación por parte de Caracas. Desde la perspectiva geopolítica que informa todas las acciones de la Casa Blanca ningún escrúpulo moral puede interferir en el proyecto de someter Venezuela al yugo estadounidense, esa enfermiza obsesión del imperio para convertir en un protectorado norteamericano a un país que cuenta con las mayores reservas petroleras del planeta y un territorio dotado de inmensos recursos naturales. Para los halcones de Washington cualquier opción distinta a esa es pura sensiblería, y si los políticos de la oposición venezolana creyeron que estas negociaciones serían si no avaladas al menos toleradas por la Casa Blanca cayeron en una infantil ilusión: creer que a Estados Unidos le importa la democracia, o lo que ellos llaman «crisis humanitaria», o la vigencia del Estado de Derecho en Venezuela. Al imperio estas cuestiones le son completamente irrelevantes cuando se habla de la inmensa mayoría de los «países de mierda» que constituyen la periferia del sistema capitalista mundial. Por eso no fue casual que la orden de abstenerse de firmar los acuerdos coincidiera con la visita de Rex Tillerson a Colombia, y que fuese el presidente Juan M. Santos quien tuviera la deshonrosa tarea de transmitir el úkase imperial a los representantes de la oposición reunidos en Santo Domingo.
¿Cómo seguirá esta historia? Washington está tensando la cuerda para tornar inevitable una «solución militar» en Venezuela. Fue por eso que Tillerson recorrió 5 países latinoamericanos y caribeños, en un esfuerzo para coordinar a nivel continental las acciones de lo que bien podría ser el comienzo de un asalto final contra la patria de Bolívar y Chávez. El Comando Sur está alistando personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Panamá sin otro verosímil propósito que el de atacar a Venezuela. Mientras, la ofensiva diplomática y mediática se extiende por todo el mundo. El Parlamento Europeo ha dado nuevas muestras de su proceso de putrefacción y redobla las sanciones contra Venezuela, al paso que los sirvientes latinoamericanos y caribeños de Washington se pliegan oprobiosamente a la agresión. Este 8 de Febrero el gobierno de Chile anunció la suspensión de manera indefinida de su participación en el diálogo venezolano porque, según La Moneda, «no se han acordado condiciones mínimas para una elección presidencial democrática y una normalización institucional.» Parece que, como una vez dijera José Martí, en Venezuela está llegando «la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz.»
