Por Pablo Di Pierri y Cynthia García
La Cámara de Diputados dio media sanción anoche al proyecto de ley que repara el desaguisado que hiciera el macrismo para desfinanciar instituciones e industrias culturales. La iniciativa oficialista prorroga por 50 años las asignaciones específicas de dinero destinado al sostenimiento de actividades como las que se llevan a cabo en bibliotecas populares, el cine, la música y el teatro, y cuyo plazo actual expira el próximo 31 de diciembre, por una norma impuesta por el gobierno de Cambiemos en 2017.
Con 132 votos afirmativos, la propuesta del diputado nacional Pablo Carro (FdT) garantiza el financiamiento federal de la cultura como política de Estado, y fue suscripta por la totalidad de lxs legisladores del Frente de Todos presentes, además de resultar acompañada por un amplio arco político: los bloques Socialista, Concordia Misionero, Córdoba Federal, Identidad Bonaerense y Juntos Somos Río Negro, además del Interbloque Frente de Izquierda y de Trabajadores. De esta manera, la iniciativa pasa al Senado para su sanción definitiva.
El tratamiento del tema en el recinto pero también la lucha de los trabajadores de la cultura deja perlitas y enseñanzas. Porque la ley vigente sobre el asunto, insistimos: sancionada durante los tiempos de Mauricio Macri, es Ley 27.432 y dispone en su artículo 4° que los organismos de fomento a la cultura dejarán de recibir las asignaciones específicas el 31 de diciembre de 2022.
Bajo esa perspectiva, y como bien resumió Daniel «Tano» Catalano en representación de lxs trabajadores, «los fondos específicos conquistados por el pueblo argentino pasarán directamente al Tesoro Nacional para el uso discrecional que cada gestión gubernamental determine. Esa ley neoliberal tuvo como objetivo avanzar sobre nuestra soberanía cultural y avasallar nuestra identidad».
Los recursos a los que nos referimos son imprescindibles para la existencia y funcionamiento de los distintos institutos y espacios de construcción cultural y comunicacional, y en algunos casos equivalen al 90 por ciento de su presupuesto. Entre las instituciones afectadas o atacadas por el macrismo figuran el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), la Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA), la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y el FOMECA-ENACOM (Fondo creado para proyectos especiales de comunicación audiovisual y el apoyo a medios comunitarios, de frontera y de Pueblos Originarios).
En la sesión se pudo apreciar que, salvo Juntos por el Cambio, todas las fuerzas políticas votaron a favor del nuevo marco normativo. El antagonismo, una vez más, es clarito como el agua: la derecha cree que la cultura es una mercancía y, como tal, puede ajustarse por reglas del mercado. El campo popular, en cambio, sabe de las tramas sociales, los lazos de afectividad y la potencia política que habitan los centros culturales, las bibliotecas, los teatros, las FM comunitarias y hasta la propia Defensoría del Público creada por la Ley de SCA.
Pero, además, el compromiso del Estado con las políticas públicas que sostienen el desarrollo cultural tiene una importancia económica con impacto directo en el sector de la cultura en particular y cualquier rama de la industria en general. Actualmente, hay actores y actrices que no actúan: ante la falta de presupuesto y espacios para desplegar su arte, lxs trabajadorxs de la cultura se las rebuscan dando clases o se zambullen a otros oficios.
A este proyecto de ley tampoco hay que soltarlo como una piedra en un estanque. Harán falta más medidas, más ideas, más leyes: frente a gigantes de las plataformas ondemand o la conversión de cada persona en un fragmento ambulante que se cree un canal de TV porque hace un Vivo de Instagram, es fundamental que el sistema de medios públicos se asuma como un polo de producción audiovisual que incluya, por un lado a los trabajadores, y por otro a las audiencias en una espiral virtuosa de construcción de soberanía cultural.
Porque hay algo que se recuerda poco pero explica mucho de lo que pasó en la década del 90′. Antes de privatizar las grandes empresas públicas, como Entel, YPF, Gas del Estado o los ferrocarriles, fue preciso que el establishment privatizara los medios de comunicación para transformarlos en usinas del neoliberalismo.
La irritación de diputados impresentables como Hernán Lombardi, jefes de la Policía Mediática macrista, obedece justamente a eso: necesitan que la los campos de la comunicación y las industrias culturales permanezcan como intocables canaletas de rentabilidad política y económica para la clase dominante. Quieren un INCAA chiquito para que Cablevisión sea grande; quieren una TV Pública mínima para que TN se agigante; quieren arrasar con centros culturales y bibliotecas populares para que Netflix fabrique el deseo de aislarse con un grillete al costado del sillón frente al televisor; quieren que la palabra cotice como el dólar para que la mayoría se calle la boca.
Hoy, como siempre, hay que saber distinguir a los que promueven la estatización de las políticas culturales como si fueran instrumentos financieros de aquellos que propugnan la politización del arte para la soberanía nacional.
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