El Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia (CLAJUD), perteneciente al Grupo de Puebla, presentó ayer medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “para proteger la vida y la integridad física de la población, para evitar detenciones ilegales, persecuciones, y garantizar el derecho al sufragio en los próximos comicios”.
El Consejo, encabezado por el juez español Baltasar Garzón, realizó las presentaciones con el objetivo de “evitar el daño irreparable a sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, riesgo producto de la situación grave y urgente que enfrentan a causa del contexto político-social que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia”.
“La petición busca proteger a los miembros del gobierno boliviano que se encuentran asilados diplomáticamente en la Embajada de México en La Paz ante el grave riesgo por su vida e integridad física, específicamente, Héctor Arce, Ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia; Javier Zabaleta; Ministro de Defensa Nacional de Bolivia; César Navarro, Ministro de Minería; y demás autoridades del país que pudieran encontrarse en una situación similar”, indicaron a través de un comunicado.
También denunciaron las detenciones arbitrarias de dirigentes del MAS. “El grupo también pide respeto al debido proceso para evitar detenciones arbitrarias, apuntando al arresto ilegal de la que habrían sido objeto la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, y el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio José Iván Costas, quienes fueron aprehendidos sin una orden judicial”, afirmaron.
