A través de un mensaje brindado desde la Casa de Gobierno, Mauricio Macri anunció que apelará a la firma de un decreto para sancionar la ley de Extinción de Dominio, un mecanismo que permitirá recuperar bienes vinculados al crimen organizado, la trata de personas, el narcotráfico y la corrupción. «Estamos hablando de dinero, campos, casas, barcos, autos y hasta obras de arte que se van a poder subastar y destinar a políticas públicas que son fundamentales para los argentinos», indicó.
El Presidente justificó el uso del Decreto de Necesidad y Urgencia porque el el ámbito parlamentario «los proyectos están estancados hace años». «Los argentinos ya esperamos demasiado y la Justicia necesita este mecanismo ya mismo», añadió al tiempo que pidió que los jueces y fiscales «actúen rápido en el compromiso con la verdad y la transparencia».
En tanto, Macri aseguró que «los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente». «En Argentina, hoy, el que las hace las paga», subrayó.
Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano amplió el anuncio presidencial y explicó que se trata de «un proyecto enteramente civil, a diferencia (de la iniciativa) del Senado que avanza con algunas regulaciones específicas para el Codigo Procesal Civil y asigna competencia al fuero civil federal».
En esta misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseveró «pretendemos que la Justicia civil pueda avanzar independiente de la Justicia penal para lograr esto que ha reclamado la gente». «Acá se le va a respetar todo a las personas honestas y se le va a sacar todo a los delincuentes», puntualizó.
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Por decreto, Macri impondrá la Extinción de Dominio
En agosto del año pasado el oficialismo había adelantado que rechazaría los cambios introducidos por la Cámara baja e insistía con convertir en la ley la media sanción que había conseguido en Diputados dos años atrás, aquella que contemplaba la aplicación retroactiva de la eventual ley. Sin embargo, Macri evitó el debate y resolvió por decreto su aprobación.
En junio de 2016, Cambiemos acompañó el proyecto de Massa de extinción de dominio, que se impuso en la votación con 135 votos a favor que unificó al oficialismo y el peronismo antikirchnerista; mientras que hubo 50 en contra del FpV-PJ y el FIT y 3 abstenciones. La oposición lo cuestionaba por entonces y lo tildaba de “inconstitucional”, dado que se implementaría por fuera de la acción penal, con retroactividad y porque se podría aplicar aún sin condena firme en el fuero penal.
El Gobierno reflotó el proyecto en 2018, antes de que perdiera estado parlamentario, aunque al momento de llegar al Senado no consiguieron los votos necesarios ni para lograr un dictamen de mayoría. Se presentaron tres proyectos, uno redactado por Cambiemos, aunque el único que logró dictamen de mayoría fue el del senador salteño Rodolfo Urtubey, acompañado por el senador Miguel Ángel Pichetto, de Argentina Federal. La propuesta obtuvo el 23 de agosto 40 votos, 4 menos de los necesarios para los dos tercios de los 55 senadores presentes.
A diferencia de la iniciativa de Massa, en el borrador de Argentina Federal se modificaba el momento en el que empieza la acción civil de extinción de dominio, que será iniciada por el Procurador del Tesoro una vez que el proceso penal haya terminado su etapa de instrucción y comenzado el juicio. Además, estipulaba que debe existir una acción civil pero que se tramite dentro del fuero penal.
El oficialismo había presentado un proyecto elaborado por Federico Pinedo y Humberto Schiavoni, que establecía que la extinción de dominio debía ser entendida como una acción civil que debe ir por fuera del proceso penal y que quedaría a cargo del Ministerio Público Fiscal. Estipulaba que debía existir en el proceso penal un procesamiento confirmado por la Cámara de alguno de los delitos que el proyecto preveía para que se procediera a la confiscación de bienes y dinero. Con lo cual no era necesaria una condena penal para ejecutar la acción, sólo bastaba con el procesamiento.
Con información del diario Página/12