En una nueva audiencia del juicio por “usurpación y abigeato”, los peones de la Estancia mostraron contradicciones.
En una nueva audiencia del juicio por “usurpación y abigeato” impulsado por Benetton contra varios integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen quedaron expuestas algunas contradicciones entre los peones y los mayordomos de la Estancia, como así también su convivencia con la policía de Chubut.
Los testigos que pasaron ayer por el juicio que se desarrolla en Esquel fueron convocados por la fiscalía, representada por Marcelo Crettón. Es decir, todos hablaron de manera despectiva contra los integrantes de la Pu Lof, incluso con ciertos rasgos de soberbia, como el caso de Ronald McDonald, principal mayordomo de la Estancia Leleque.
La denuncia penal contra la Pu Lof en Resistencia Cushamen por la recuperación territorial fue formulada en abril de 2015 por el mayordomo Bruno Andrés Maier. En su texto, este empleado de Benetton afirmó que quienes habían ingresado al campo eran de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche).
Durante la audiencia de este lunes, la abogada Sonia Ivanoff le preguntó a Maier cómo había concluido que estaba en presencia de la RAM si para entonces no se habla de dicha organización. Los carteles que habían colgado sobre el alambrado decían “fuera Benetton” y “Resistencia Mapuche” pero no RAM. Por otro lado, Maier se encargaba de llevar a los policías de la provincia de Chubut a los distintos allanamientos, una conducta habitual de parte de los empleados de la Estancia.
Con la denuncia efectuada por el mayordomo, el juez Martín Zacchino y el fiscal Fernando Rivarola pretendieron acusar a les jóvenes de “terrorismo” y pasar la causa al fuero penal, algo que fue rechazo por el magistrado Guido Otranto.
Para Ivanoff, nada es casual. Que Meier haya hablado de la RAM en abril de 2015 podría estar vinculado a la presencia en el territorio de los dos espías de la AFI que hicieron inteligencia ilegal en la zona, con la venia del fiscal Rivarola. Uno de los espías fue procesado, el otro no fue identificado y los fiscales Rivarola y María Bottini continúan bajo investigación penal por el espionaje ilegal.
Por otro lado, el peón Nicanor Rallen – quien se reconoce mapuche- sostuvo que nunca había estado frente a frente con las personas que luego fueron denunciadas por “usurpación”, sin embargo, el mayordomo Maier afirmó que sí había ocurrido un enfrentamiento.
“Los puesteros le contaban cosas a los mayordomos, y éstos a McDonlad; cada uno iba agregando información para tergiversar los hechos”, indicó Ivanoff.
Luego de que se rechazara la jurisdicción federal para acusar los miembros de la comunidad de “terrorista”, los fiscales encargados de investigar la “usurpación” fueron Oscar Oro y Carlos Díaz Mayer, quienes al no encontrar pruebas suficientes, según su argumentación, se retiraron de la querella.
Esto ocurrió a mediados del año pasado, cuando ya imperaba la Doctrina Bullrich; por lo tanto, el fiscal general Jorge Miquelarena designó nuevos fiscales quienes continuaron con la acusación penal. Uno de esos fiscales es Marcelo Crettón, marido de la fiscal Bottini, acusada de utilizar información obtenida del espionaje ilegal.
Espionaje
Las actividades de ilegales fueron descubiertas por el defensor de los pueblos originarios Fernando Radziwilowski, quien encontró -casi de casualidad -el contenido de los espías cuando se estaba preparando para participar de una audiencia vinculada a la causa por “usurpación”. Al revisar el expediente horas antes de la audiencia encontró la información utilizada por los fiscales Rivarola y Bottini y denunció el hecho en el acto.
En febrero de 2017, Otranto procesó sin prisión preventiva a los cuatro imputados “como autores del delito de haberse relacionado de manera prohibida por el artículo 15 bis de la ley N°25.520 con un integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (artículo 43 bis de la ley 25520 y artículo 45 del Código Penal)”. Uno de los espías quedó procesado el 12 de abril de aquel año por haber realizado tareas de inteligencia sin orden judicial en la ocupación territorial de la Pu Lof en Resistencia Cushamen.
El 17 de agosto, tan solo dieciséis días después de la desaparición de Santiago Maldonado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento sobre el agente de la AFI pero sobreseyó a los fiscales imputados. Cuando este acto de espionaje salió a la luz, Oscar Parrilli, titular de la AFI hasta diciembre de 2015, mantuvo una reunión con los concejales de Esquel para manifestarles que no había ninguna orden de esa agencia para actuar en la región.
“Las palabras de Parrilli fueron que no hay en curso ningún tipo de investigación propuesta por esa agencia en la ciudad de Esquel. Pero que puede existir algún agente que por su propia intención haya hecho esta actividad que por la nueva ley está prohibida. Para realizar algún tipo de investigación, explicó que la Agencia Federal de Inteligencia necesita la solicitud de un juez o un fiscal, ellos evalúan la actividad y la controlan, es decir que esta actividad es ilegal desde el vamos. Después, las motivaciones por las cuales se realizó esto es lo que hay que investigar”, sostuvo el concejal Juan Devetak en diálogo con el periódico “El Chubut”.
La Cámara de Casación Penal revocó el sobreseimiento de los fiscales y le volvió a pasar el expediente a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que designó nuevos jueces. Este viernes habrá una audiencia para definir el futuro procesal de les fiscales.
