La muerte está en Bolivia

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La policía y el Ejército golpista de Bolivia reprimieron fuertemente este viernes a lxs cocalerxs que se movilizaron este viernes en la región del Chepare con la intención de llegar a La Paz para repudiar el derrocamiento de Evo Morales. Lxs efectivxs montaron un cordón en el puente Huayllani, en las afueras de Cochabamba, para impedir el paso de la manifestación: en redes sociales se reportaron videos que evidenciaron la brutalidad del ataque de las fuerzas. Hasta el miércoles, se habían contabilizado 10 muertos, una cifra que hoy podría haber aumentado.

El vicepresidente de las seis federaciones de cocaleros, Andrónico Rodríguez, explicó que lxs trabajadores «rechazamos enérgicamente la autoproclamación de la señora Áñez, que como segunda vicepresidenta del Senado se autoproclama presidenta, lo cual es totalmente inconstitucional» y anunció que se mantendrán en las calles «hasta que nuestro hermano Evo Morales retorne a la Presidencia porque está en el tiempo del mandato constitucional hasta el 22 de enero de 2020».

En este marco, desde el Colectivo Democrático indicaron que «es necesario crear puentes de encuentro entre las fuerzas enfrentadas, asumiendo que el poder político de quienes tienen por hoy el gobierno transitorio, es escaso, y quizás sólo el apoyo de cívicos y vecinos urbanos que han vivido la zozobra de estos días, pero principalmente las FFAA y la Policía son su principal sostén».

Según ese organismo, debe alcanzarse un «gran acuerdo de paz» para establecer las condiciones estratégicas para dos tareas fundamentales: el nombramiento y restitución del Órgano Electoral Plurinacional no bajo el dedo opositor minoritario, y la realización de elecciones nacionales, que no margine las posibilidades electorales que tenga el pueblo de elegir al mejor gobierno, «asumiendo que eso no será posible si no se encuentran acuerdos que además no permitan la persecución política y la represión desatada, como parece ser la línea del actual gobierno de facto».

En este punto, desde el Colectivo recalcaron que «en ese camino se debe convocar a un gran acuerdo para la paz, no bajo las condiciones del gobierno de facto que pretende legalizarse, sino bajo las de la mayoría que plantea un acuerdo previo para iniciar el diálogo». Este acuerdo, enumeraron, debe implicar

1) Deliberar las condiciones de la constitucionalización del proceso, que incluyan la renuncia de la presidenta de facto para facilitar el proceso de transición y el repliegue de las fuerzas represivas
2) el diálogo y participación directa de las organizaciones sociales;
3) el cese de la persecución política desatada;
4)garantías para que no se toquen los derechos fundamentales logrados por la ciudadanía mayoritaria en estos 13 años, así como ningún cambio económico fundamental, que tendrá que ser asumido por el siguiente gobierno;
5) el permitir que Evo Morales sea parte de las conversaciones de paz, y de esta manera garantizar la no persecución así como la plena participación del MAS-IPSP en los siguientes comicios electorales;
6) respeto pleno a la Constitución Política del Estado como punto de encuentro y no la represión o los pretendidos decretos autoritarios.
7) liberación irrestricta de todos los detenidos durante las movilizaciones en todos los departamentos.
8) investigación con resultados sobre las muertes acaecidas durante las movilizaciones y el golpe de facto.