*Por Sebastián Premici para Agencia Cadena del Sur
El juicio, iniciado por Benetton y la provincia de Chubut, es otra estrategia de persecución.
Mientras la Argentina sigue imparable en su recta hacia el abismo, la corporación judicial de Esquel continúa con la persecución hacia los integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen. Por estas horas se está desarrollando el juicio vinculado a la recuperación territorial realizada el 13 de marzo de 2015. El juicio es impulsado por Benetton y por la provincia de Chubut.
Para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la causa vinculada a la recuperación territorial –calificada de usurpación y abigeato- fue central para elaborar su falaz informe sobre la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). En diciembre de 2017, la funcionaria –clave en el encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado– presentó un informe sobre dicha organización guerrillera inexistente donde se mencionaban 96 causas judiciales. La mayoría de ellas habían sido anexadas a la causa madre (usurpación), vinculada a la recuperación territorial. La metodología era la siguiente: si alguien denunciaba robo de ganado (generalmente Benetton), automáticamente la justicia ordinaria incorporaba dicha denuncia a la causa de usurpación.
Pero la estrategia de persecución tuvo un traspié. En una audiencia realizada el 7 de mayo de este año, el fiscal Oscar Oro –funcionario que contribuyó a instalar la teoría del puestero de Epuyen para vincular a Maldonado con la RAM e inventar causas judiciales para perseguir a las comunidades en distintos procesos que también fueron incluidos por Bullrich en su informe- retiró la acusación de la fiscalía contra los siete imputados de haber intrusado, supuestamente, las tierras en Leleque. Los acusados de usurpación, abigeato y tenencia de armas eran Facundo Jones Huala (lonko de la comunidad), Andrea Millañanco, Fernando Eloy Jones Huala, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo, Sergio Ruiz y Luis Alberto Cayutur. Oro no había encontrado pruebas suficientes para acusarlos.
Tras la decisión de Oro, el juez de la causa, Martín Zacchino, debía decidir si avanzaba con el juicio sostenido solamente por los abogados del grupo Benetton o daba por finalizada la acusación. Sin embargo, su jugada fue pasarle la pelota al Procurador General de la provincia, Jorge Luis Miquelarena, para que emitiera su opinión.
¿Qué escondía esta maniobra? Que Miquelarena ya había tomado una postura sobre las causas vinculadas a la comunidad mapuche o la RAM porque fue uno de los procuradores que firmó un acuerdo con Nación para perseguir a la tan mentada RAM.
Por lo tanto, en una resolución (casi cantada) del 21 de mayo, Zacchino promovió la remoción de Oro para seguir con la estrategia delineada por Nación y avalada por la provincia de persecución hacia la comunidad mapuche y en particular al lonko Facundo Jones Huala, con la designación de un nuevo funcionario del Ministerio Público: Marcelo Crettón, jefe de los fiscales de Esquel, para sostener la acusación contra los siete imputados.
Este lunes 3 de septiembre comenzó el juicio por la recuperación territorial de la Pu Lof en Resistencia Cushamen. Uno de los principales imputados, además de Jones Huala, es Matías Santana, testigo clave en el caso por la desaparición forzada de Maldonado. Santana es actualmente perseguido por el juez federal Guido Otranto y la fiscal Silvina Avila, dos de los funcionarios judiciales también cómplices del encubrimiento a la Gendarmería, tal cual fue explicitado y documentado en el libro “Santiago Maldonado, un crimen de Estado”.
Sobre la RAM
El punto máximo en la construcción de este enemigo interno justificante de la violencia estatal fue la presentación del informe sobre la RAM en diciembre de 2017, con el cual el Gobierno pretendió expiar definitivamente las responsabilidades de la Gendarmería en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. En agosto, a los pocos días de la represión clandestina en la Pu Lof, la ministra Bullrich habló de 70 causas judiciales en contra de esta supuesta organización guerrillera. Para fin de año (diciembre), ya contabilizaban 96. Sin embargo, un mes antes, la funcionaria había dicho que no existía una identificación clara sobre esta “organización” que era más bien un concepto.
De las 96 causas judiciales atribuidas a esta supuesta organización terrorista, publicadas en el informe de diciembre de 2017, 84 no contaban con autores materiales identificados. De las 12 restantes, algunas mencionaban “acusados” que ya habían sido sobreseídos porque se demostró que les habían inventado pruebas.
Una vez presentado dicho informe sobre la RAM junto a los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Chubut, la ministra de Seguridad ordenó que sea distribuido entre empleados y empleadas de los Ministerios Públicos Fiscales de esas provincias, a modo de texto doctrinario sobre cómo debían proceder de ahí en más en las fiscalías provinciales. ¿La división de poderes? Bien gracias.
