El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dictó el procesamiento con prisión preventiva de los expolicías bonaerenses Ricardo Bogoliuk y Aníbal de Gastaldi, y del exempleado de la Agencia Federal de Inteligencia, Rolando Hugo Barreiro. Además, les trabó un embargo por 10 millones de pesos a cada uno.
En un fallo conocido este mediodía, el magistrado decidió ampliar el procesamiento con prisión preventiva contra el falso abogado Marcelo D’Alessio. A todos los consideró parte de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal «y contraria al artículo 4 de la Ley 25520 que establece las prohibiciones de realizar espionaje político, ideológico e influir a través de dichas actividades en la vida personal, en la situación institucional y económica del país».
Sobre los expolicías bonaerenses, Ramos Padilla los responsabilizó sobre maniobras coactivas en perjuicio del exdirector de PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat, y de extorsión contra el empresario agropecuario Pedro Etchebest.
En el caso de D’Alessio y del exespía Barreiro, el juez de Dolores agregó los casos de Víctor Palomino Zitta y de Rodolfo Saturnino Costasque habrían sido extorsionados por el falso abogado en el marco de la causa conocida como «La Mafia de los Contenedores».
En un extenso fallo de más de 300 fojas, Ramos Padilla describe varios casos en los que intervino una banda paraestatal de espionaje, en principio integrada por Bogoliuk, De Gastaldi, D’Alessio y Barreiro. A esta organización le endilga haber incurrido en extorsiones, coacciones y tráfico de influencias. Alguno de los casos más resonantes que se mencionan en la resolución son los aprietes a Brusa Dovat, al abogado del empresario detenido por la causa de las fotocopias de los cuadernos, José Manuel Ubeira, y las maniobras de Inteligencia contra Jorge Christian Castañón, exmarido de Florencia Antonini Modet, actual pareja del fiscal federal Carlos Stornelli, quien habría encargado el espionaje ilegal a D’Alessio.
En el fallo también se describe cómo se orquestó la declaración del exmarido de Karina Jelinek, Leonardo Fariña, y se detallan las llamadas «Operación Fantino» y la «Operación Jaitt». Otros casos son las extorsiones al exfuncionario Pablo Barreiro, al empresario Mario Cifuentes, y el seguimiento al actual ministro de la Corte, Carlos Rosenkrantz y a su socio Gabriel Bouzat.
Ramos Padilla relató que la organización de espías apelaba a «investigaciones ilegales, extorsiones, ablandes, puestas en pánico, aprietes, carpetazos, falsas denuncias», como métodos «de coacción, todo con fines económicos y políticos». El magistrado aclaró que «los vínculos, integrantes y usuarios de la asociación ilícita no están aún totalmente determinados» y resaltó que «la organización tenía fuertes relaciones con agencias estatales, funcionarios, legisladores, magistrados y periodistas, cuyo grado de responsabilidad se analizará a medida que avance la investigación».
Por otra parte, el juez de Dolores puso en conocimiento del contenido de su resolución al Procurador Interino, Eduardo Casal, y al titular de la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, el senador radical Juan Carlos Marino. Asimismo, le reclamó al director de la AFI, Gustavo Arribas, que remita toda la información que registre respecto de los procesados y la asociación ilícita investigada.
