Para alcanzar la meta fiscal del 2017, el Gobierno nacional debería recortar el 90% de las pensiones no contributivas. Así lo indica un estudio del Observatorio de políticas públicas de la Universidad de Avellaneda.
A pesar de una retórica altamente reactiva al exceso de gasto público por sobre los ingresos, tanto en el año pasado, como en lo que va 2017 no se ha verificado una reducción del déficit por parte de la administración central.
Según el informe, el actual gobierno sigue considerando una necesidad estratégica la reducción del déficit como único canal para propiciar un sendero de crecimiento sustentable y mejorar las condiciones para que los grandes capitales apuesten a invertir en nuestra economía. Por esto, se prevé un ajuste fiscal para la segunda mitad del año. Diferentes señales por parte de los administradores gubernamentales indican que se piensa avanzar sobre los subsidios económicos a los servicios públicos y se espera desarrollar una serie de reformas estructurales. Con compromisos de gastos inelásticos y el cese del ingreso extraordinario por la tasa de penalidad del blanqueo de capitales, se revela la dificultad de alcanzar el déficit fiscal objetivo para este año, fijado en el 4,2%.
En el estudio se detalla el “costo social” que implica el cumplimiento de las metas fiscales que se autoimpuso el Gobierno Nacional para el corriente año:
Se estima que, aun estableciendo el escenario más conservador, lograr un déficit primario del 4,2% ($409.500 millones) redundaría en una necesidad de ajuste por $143.900 millones en lo que resta del año. Esto representa 5,7 puntos del PBI, que a su vez equivalen a casi 8 veces del presupuesto en vivienda, el 109% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social.
En un escenario intermedio, se consolida un desvío del orden de los $238.000 millones respecto de la meta oficial, equivalente a 6,6% del PBI. Por su parte, en el caso más agresivo se podría registrar un bache fiscal de $246.000 millones (6,8% del PBI), equivalente al 30% del presupuesto para jubilaciones.
Por lo anterior, y aún en la hipótesis del escenario más favorable, el recorte del gasto público representaría más del 90% de las pensiones no contributivas pagadas por el Estado.
