Los trabajadores de la dirección nacional de atención a grupos en situación de vulnerabilidad y el Centro Ulloa nos encontramos en estado de asamblea permanente y denunciamos el despido de 9 compañeros más que se suman a los que ya han sido despedidos.
Estos despidos se producen bajo una modalidad absolutamente perversa, que recuerda a los peores años de nuestra historia, haciendo uso abusivo del poder que otorga ser funcionario público, negando información acerca de los despidos, persiguiendo trabajadores, confeccionado listas negras e intentando en todo momento desconocer el impacto colectivo que estas medidas tienen en el conjunto de los trabajadores.
Hemos escuchado con asombro como la Directora Nacional a cargo, Lic. Jimena Psathakis, intenta reemplazar palabras como despido por «discontinuidad», como si los trabajadores fueran un producto que se encuentra en la góndola de un supermercado; y utiliza otras, como «respeto», para justificar la violencia laboral que ejerce en nombre de la actual gestión de la Secretaría de Derechos Humanos, haciendo gala de un cinismo poca veces visto.
Denunciamos el despido de compañeros con largos años de trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos y compañeros que cumplen funciones fundamentales en materia de promoción y protección de los derechos humanos.
Asimismo, entre los despedidos del Centro Ulloa, se encuentra una compañera cuyos padres están desaparecidos, lo cual demuestra el desprecio de la actual gestión, no sólo por los trabajadores de la Secretaría, sino por los organismos de Derechos Humanos y los compañeros que han sido víctimas del terrorismo de Estado. Como vemos el discurso mediático del Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj nada tiene que ver con la realidad que vivimos día a día los trabajadores.
Por último, queremos manifestar nuestra preocupación por el accionar de la Lic. Psathakis, que demuestra un absoluto desprecio por la política de derechos humanos, política que debería conocer en virtud de su vínculo familiar con el Juez Federal Oscar Amirante, quien actualmente se encuentra a cargo de la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Condor en toda América Latina
