Por Luis Paz – Columna de opinión
El maestro Julio Maier señalaba que “la palabra ‘juez’ no se comprende, al menos en el sentido moderno de la expresión, sin el calificativo de ‘imparcial’. En Jujuy, provincia periférica de la Argentina, al norte del país, en diciembre de 2015 con la asunción del gobernador Gerardo Morales, comenzó a ejecutarse un plan sistemático y actualmente vigente de acciones políticas, mediáticas y judiciales a los efectos de eliminar de la faz social y política de la provincia a la dirigente social Milagro Sala.
Durante más de cinco años el poder judicial de Jujuy, desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) hasta algunos tribunales inferiores penales y administrativos y sus respectivos jueces y juezas estuvieron firmemente empeñados en detener y luego sostener la prisión sine die a Milagro en particular, de otros compañeros de la organización en general, y en destruir la construcción política y la obra de la Tupac Amaru en Jujuy. En esa tarea también estuvieron involucrados funcionarios nacionales del gobierno de Mauricio Macri.
Las sistemáticas violaciones a sus derechos tuvieron un nuevo capítulo, aunque quizá más grave que los anteriores, si es que eso puede ser posible en enero de 2020, esta vez con la jueza Nilda Laura Lamas González, que fue nombrada por Gerardo Morales en diciembre de 2015, como una de sus principales protagonistas. Al cumplirse otro año más de detención preventiva sin sentencia firme, Milagro Sala presentó un recurso para solicitar su excarcelación. Ese pedido “durmió” en los estrados durante más de un año. Esa presentación llegó luego de un largo periplo al Superior Tribunal de Justicia de Jujuy en enero de 2021.
Lamas violando el principio de juez natural, que es la garantía que tiene una persona, que el magistrado o magistrada que actúe sea ajeno a los intereses de las partes involucradas y totalmente libre de prejuicios respecto de los hechos y protagonistas que deba juzgar, decidió avocarse lisa y llanamente al pedido de libertad que realizó la dirigente social, en contravención a la Acordada Nº 148/2020 que estableció las reglas para la feria judicial del mes de enero de 2021.
El procedimiento de tramitación de expedientes durante las ferias judiciales, tanto en enero como en julio, lo establece el Superior Tribunal de Justicia que actúa como Cuerpo en Pleno para la resolución de aquellas causas urgentes que por los motivos expresamente enumerados en el Art. 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se deba dar trámite y resolución.
Dichas causas deben ser presentadas directamente ante el secretario judicial habilitado, quien debe enumerar las presentaciones de manera manual dando carátula de expediente de feria, con la fecha y hora de ingreso, quedando como presidente de trámite el vocal del Superior Tribunal de Justicia habilitado como presidente de ese cuerpo durante los períodos de feria por medio de acordadas específicas, y en ese periodo, enero 2021, era el juez Federico Francisco Otaola.
Es notoria, entonces, la gravedad que implica el abuso de poder y la manipulación del expediente donde pide su libertad Milagro, siendo que el Superior Tribunal de Justicia es el garante de la imparcialidad en cuanto al sorteo aleatorio de los magistrados y tribunales, exponiendo del mismo modo la afectación de garantías constitucionales del debido proceso como la de Juez Natural, derecho de defensa y transparencia de los actos procesales.
En febrero de 2020, el maestro Julio Maier expresó en El Cohete a la Luna: “Hoy pasa algo similar en nuestro país. Al parecer, el partido predominante en el Parlamento y gobernante de la Nación parece haber advertido —¡por fin!— que la única solución al problema jujeño de la Túpac Amaru, que pasa centralmente por la prisión de Milagro Sala y sus colaboradores, ya prisioneros por un término medio de cuatro años, eso debe ser la intervención federal a la provincia. Lo curioso del caso reside en que alguien hizo pública una conversación privada del presidente actual del Tribunal Superior de Justicia, en la cual él admitía la injerencia y presión del gobernador para el encarcelamiento de los prisioneros, deseo que los órganos judiciales competentes habían correspondido, y expresaba su propia opinión acerca de que ya debía ser viable cesar con ese ataque a la libertad de presos, bien llamados políticos”.
Entonces me pregunto: ¿Qué más debe soportar Milagro? La jueza del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, ex presidenta Clara Langue de Falcone dijo “no vamos a liberar a esa señora”. Pablo Baca, ex juez del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy renunciado por haber sido denunciado penalmente y ahora procesado por abuso deshonesto confesó que “él y el jefe de los fiscales Sergio Lello Sánchez son parte del equipo del gobernador Gerardo Morales”.
Ahora la jueza del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, la Dra. Nilda Laura Lamas González asume por sí un expediente donde se tramita la libertad de Milagro y decide por sí misma resolverlo violentado las garantías del debido proceso y abusando de su autoridad en complicidad con el actual presidente del Superior Tribunal de Justicia Federico Francisco Otaola, que encima es presidente del Tribunal Electoral provincial. ¿Que diría el maestro Julio Maier si hubiera visto el andar enérgico de estos jueces sosteniendo proscripciones y detenciones arbitrarias?. Que gran problema tienen con la democracia en Jujuy estos jueces.
¿La jueza Lamas es digna de su toga? ¿Tiene el juez Federico Francisco Otaola, la capacidad de ser un árbitro imparcial en estas elecciones provinciales? ¿Los partidos políticos de Jujuy pueden confiar en jueces y juezas que se apartan de la Constitución para resolver y transitan presurosos desde sus despachos a la casa de gobierno cada vez que son requeridos? Los demás jueces y juezas del Superior Tribunal de Justicia, ¿serán cómplices?
*Luis Paz, abogado
