La Central General de Trabajadores sacó un comunicado ayer en el que se expresa sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que tiene media sanción en Diputados. Fiel a su estilo dual impreciso, la gremial sostiene que no fijará posición respecto sobre el tema ni ahora ni «tampoco en el futuro» debido al «respeto que merecen las convicciones personales y creencias» de sus miembros y afiliados, aunque sugirió que de aprobarse podría afectar a la “economía de las obras sociales”.
“Esta Confederación viene gestionando y alertando al Poder Ejecutivo Nacional y a los Ministerios de Trabajo y de Salud sobre el impacto que la inflación descontrolada imprime sobre las economías de las obras sociales, afectando de manera directa en la compra de insumos, la contratación y pago a prestadores; pero por sobre todo los altísimos costos que generan algunos fallos judiciales que obligan a las instituciones a cumplir con procedimientos experimentales, lo cuales motivaron la necesidad de creación de la AGNET (Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud)», afirma el comunicado.
Inmediatamente un grupo de mujeres sindicalistas salieron a responder. La diputada y secretaria general de SUTEBA La Matanza, Romina Del Pla, escribió en su cuenta de Twitter: “A los bloqueos del clero y el poder politico en la conquista de este derecho para las mujeres ahora se suma la conduccion de la CGT. Esta actitud es coherente con la destrucción salarial y los despidos que habilitaron”.
Por otra parte, se están juntando firmas para una nota de repudio a este gesto de la CGT en la que se denuncia “que la supuesta preocupación es solo una falsa coartada ya que está práctica no incluye costos no afrontables y que las declaraciones de la CGT se inscriben dentro de las maniobras de la iglesia”
