El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Bolivia presentó este martes su informe final sobre los hechos de violencia y violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en ese país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. El trabajo del GIEI comenzó con un acuerdo con el Estado en 2019, fue impedido y postergado reiteradamente por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, y recién pudo comenzar con posterioridad a la elección de Luis Arce en 2020.
A través del informe, el GIEI determinó que al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país, y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas. Numerosas violaciones involucran la responsabilidad directa del Estado. La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y cometieron ejecuciones sumarias, torturas y otras violaciones a los derechos humanos. Las investigaciones sobre las muertes fueron a toda luz ineficientes e incluyeron autopsias plagadas de irregularidades, tal como señaló una revisión realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense. También se destacaron el accionar arbitrario, la desidia e ineficiencia del poder judicial, con violaciones al debido proceso, uso político del derecho penal y abuso de las prisiones preventivas. Se persiguieron referentes, movimientos sociales, periodistas y activistas, particularmente del movimiento campesino-indígena. Todas estas responsabilidades deben ser investigadas de manera diligente, respetando el debido proceso y el derecho de defensa, con participación de las víctimas y familiares.
Entre los hechos atribuibles a estos grupos y otros con características similares se encuentran los graves ataques y violentas amenazas contra medios de comunicación y periodistas, incluyendo los que terminaron en la muerte del argentino Sebastián Moro.
Por último, el informe sostiene que si bien todos los hechos implican una responsabilidad internacional del Estado, que tiene el deber de proteger a las personas también de actos cometidos por particulares, es importante diferenciar procesos que se dan a nivel social de violaciones planificadas y llevadas a cabo por agentes del Estado. Procesos distintos implican medidas diversas de reparación. La prioridad de las fuerzas sociales y políticas de Bolivia y de América Latina debe ser determinar lo que pasó y enjuiciar a les responsables, y la implementación de las recomendaciones realizadas por el GIEI para evitar que se repita.
El GIEI-Bolivia fue creado mediante el Acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019 para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en ese país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Está conformado por Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez Marlon Weichert, Jaime Vidal Melero, Secretario Ejecutivo. del GIEI-Bolivia.
