A través de una carta enviada a Diego Garía Sayán, relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el espacio Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) alertó por «las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional tendientes a entrometerse en una causa judicial de suma relevancia institucional» como es la que investiga la red ilegal de espías que integraba el falso abogado Marcelo D’Alessio.
En la nota, firmada por la directora del Área Justicia del CELS, Paula Litvachky, junto a la presidenta de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche y al Director del Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad de la UMET, Marcelo Saín, se hace hincapié «especialmente sobre la decisión del Gobierno de impulsar la remoción del Juez Federal a cargo de la investigación», en referencia a Alejo Ramos Padilla.
En este contexto, y resaltando la importancia reivindicada a nivel internacional de la independencia judicial, desde ICCSI pidieron a la Relatoría de ONU «que analice las medidas promovidas por el Gobierno de la República Argentina» en el caso D’Alessio «a la luz de los estándares de Derechos Humanos en materia de autonomía e independencia judicial».
Asimismo, instaron a que la Relatoría «considere realizar una comunicación urgente al Estado argentino para hacer cesar las vulneraciones de derechos alegadas» en la extensa nota, en la que se menciona el intento del presidente Mauricio Macri de avanzar en el Consejo de la Magistratura contra Ramos Padilla, tal como explicitó en una entrevista televisiva con el canal América.
Desde la ICCS explicaron en su carta que la causa que tramita en Dolores «investiga una red de espionaje ilegal que podría alcanzar a funcionarios del propio Ejecutivo Nacional» y la enmarcan en el contexto de «la crisis de legitimidad que alcanza a los sistemas de inteligencia y judicial en la Argentina» que «está asociada, sin duda, a la existencia de redes ilegales como las que se está investigando en esta causa judicial».
«Este funcionamiento ilegal se expresa en arbitrariedades políticas y judiciales, así como en violaciones de derechos. La obstaculización de una causa judicial de esta envergadura por el Poder Ejecutivo no hace otra cosa que profundizar los problemas y debilitar la protección judicial necesaria para encarar este tipo de investigaciones. La garantía de independencia judicial tiene por misión brindar las condiciones para que investigaciones como estas avancen y se desarmen estructuras ilegales que ponen en juego hasta el propio sistema institucional», describe el documento que se adjunta a continuación.
El documento completo
Nota ICCSI situación Ramos Padilla
