*Por Juan Alonso publicado en Nuestras Voces
El fiscal de Cámara de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, realizó un dictamen que busca apartar al juez Alejo Ramos Padilla de la investigación de la causa que involcra al presunto agente de la DEA Marcelo D’Alessio y al fiscal Carlos Stornelli. Sus antecedentes: favorecer a neonazis, a acusados de trata y de delitos de lesa humanidad. El vínculo de Pettigiani con el nefasto fiscal general Fabián Fernández Garello, sospechado de participar de operativos ilegales en la dictadura. Detalles de los vínculos oscuros de D’Alessio en el Conurbano y sus operaciones.
Son días de inquietud en los despachos de la Casa de Gobierno, los tribunales federales de Comodoro Py, y el piso 5 de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El trastocado silencio aparente de “La Casa” de los espías y del Ministerio de Seguridad, se manifiesta a través de sus comunicadores oficiosos, agitados por el latido de las encuestas, que dan a la senadora Cristina Fernández de Kirchner como primera en intención de votos, pese a la insistente ponzoña mediática y judicial de los pregoneros del odio.
Y es llamativo que la actriz Mirtha Legrand, quien ameniza almuerzos televisados hace 51 años en un país donde el 35,8% de sus habitantes es pobre por culpa de su Gobierno, hable justo ahora de “venganza”.
¿Será la humedad del otoño?
El pasado vuelve por la serpentina del viento que posa las hojas amarillas en el refugio de la memoria, para dolor del olvido.
Dictamen
El fiscal de Cámara de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani realizó un dictamen que busca apartar al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, de la investigación de la causa por el escándalo institucional de las andanzas delictivas del presunto agente de la DEA, Marcelo Sebastián D’Alessio y sus amigos fiscales Carlos Stornelli, Juan Ignacio Bidone, los comisarios bonaerenses, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, y el agente de la AFI, Hugo Rolando “Rolo” Barreiro. Además, de los vínculos inasibles con los periodistas Daniel Santoro, Eduardo Feinmann y Rodrigo Alegre del Grupo Clarín y el canal América donde en estas horas se agitan las banderas del desamparo y el aire eléctrico presagia fuertes tormentas.
En esta nota que publiqué el 27 de abril en Nuestras Voces realicé un resumen del informe de 122 páginas de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) donde quedó muy expuesto el vínculo de la banda de espionaje ilegal y extorsiones de D’Alessio con el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich y la AFI.
Fuerte presión del gobierno para sacarle la causa D’Alessio a Ramos Padilla
Aquí está publicado también la resolución del fiscal Juan Manuel Pettigiani que quiere enviar la causa D’Alessio a un Juzgado de Comodoro Py, cuando los delitos de espionaje ilegal, extorsión, y lavado de dinero se desarrollaron en Pinamar, Corrientes, Rosario, CABA, Neuquén, Mercedes, Quequén, Uruguay, Brasil, Paraguay, Venezuela, África, India, México, Filipinas, China, Hong Kong, Alemania, Inglaterra, Turquía, Canadá, Estados Unidos y Liechstenstein.
¿Cuál sería el Juzgado de los 12 que existentes en Comodoro Py que tendría jurisdicción en todos estos países y ciudades de la Argentina a la vez?
A no ser que el magistrado Claudio Bonadío y su fiscal en rebeldía, Stornelli, fuesen alquimistas avezados, la situación es surrealista.
Los procesistas
El fiscal Pettigiani llegó al Poder Judicial de la mano de su padre, el actual magistrado de la Suprema Corte de Justicia provincial, Eduardo Julio Pettigiani.
En 2006 el fiscal Pettigiani fue repudiado luego de sentenciar que los crímenes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), no serían delitos de lesa humanidad y los señaló prescriptos. Como era obvio, los organismos de Derechos Humanos lo recusaron y su dictamen resultó anulado. ¿Conclusión? Siete de los nueve integrantes de la CNU fueron condenados.
Según el portal de noticias judiciales Perycia de Mar del Plata, “en las causas de trata de personas suele pedir juicio abreviado”.
Por ese motivo, en marzo de 2017, el Movimiento de Mujeres y la Diversidad Mar del Plata pidió su destitución. Los empleados y el dueño del prostíbulo “La Posada” fueron absueltos. Porque el fiscal Pettigiani se ocupó –tal como hizo su colega Germán Moldes en el reino de Py con la causa Papel Prensa-, de retirar la acusación-: evaluó que cinco imputados serían “personas vulnerables”.
La postura del fiscal fue tan lejos, que en el caso de Aníbal Soria, presunto financista del prostíbulo, Pettigiani pidió su absolución. Pasó un año y la Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución y ordenó un nuevo juicio oral. Pero el colmo de Pettigiani (hijo) sucedió en junio de 2017, cuando avaló un juicio abreviado con una banda de neonazis, que produjo ataques brutales a jóvenes homosexuales en las calles de Mar del Plata. Por presión de las víctimas, el juicio se desarrolló y Pettigiani pidió las penas más bajas con el argumento de no se habría probado la existencia de una “organización criminal”. ¿Se dan cuenta?
La causa de espionaje paraestatal, extorsiones, seguimientos, coacciones, y amenazas, que instruye el juez Ramos Padilla está repleta de pruebas contundentes con más de 1500 fojas de documentación sensible acumulada en las primeras semanas, con el juez como el garante de la cesación de los delitos. A pesar de ello, Pettigiani reclamó que le arrebaten la causa a Ramos Padilla para que sea trasladada a los dominios de Bonadío. Parecería que el fiscal Pettigiani tendría una debilidad con los espías, torturadores del Ejército de la dictadura, proxenetas, y militantes nazis y fascistas. Finamente, un tribunal oral condenó a los neonazis a 15 años de cárcel.
Esa presunta fascinación por la extrema derecha la heredó de su padre, el juez de la Corte provincial, Eduardo Julio Pettigiani, quien se caracterizó por negar los habeas corpus a las víctimas de la represión ilegal de la dictadura cívico-militar y hasta excarceló al represor y agente de la SIDE, Raúl Guglielminetti en 1984.
En una nota de archivo del periodista Horacio Verbitsky, que fue publicada en el semanario El Periodista de Buenos Aires, en enero de 1986, recordó el accionar público del papá del fiscal que quiere apartar a Ramos Padilla de la causa D’Alessio.
“En mayo de 1984 la policía detuvo en Mar del Plata con un auto robado a otro compañero de Guglielminetti: Juan Martín Ciga Correa, alias Mayor Mariano Santa María, quien también pasó de las AAA a los servicios militares, y que como el Mayor Gustavino (Guglielminetti) se bronceó al sol del Caribe y tiene buenos amigos en Miami –escribió Verbitsky en 1986- (…). En marzo de 1985 el juez federal Eduardo Pettigiani sobreseyó al Mayor Mariano Santa María por la portación de armas de guerra y documentos falsos pese a que el fiscal había solicitado la prisión preventiva. El fundamento era formal: faltaba la firma de los testigos en el acta de secuestro del cuerpo del delito”.
Como se ve la militancia garantista de los Pettigiani es antigua. El actual juez de la Corte provincial, padre del fiscal de Cámara de Mar del Plata, militó en la Agrupación de extrema derecha Tacuara en la Facultad de Derecho durante la década del ’60. Allí habría conocido al espía y represor Ciga Correa. Ese grupo de extrema derecha, según Verbitsky, habría sido el responsable del asesinato de la estudiante Norma Melena de un balazo en la frente durante el incendio del Centro de Estudiantes.
Aquí se puede releer el artículo de archivo y divisar a Pettigiani (padre) en la Iglesia Santo Domingo junto a un grupo nazi.
El juez de la Corte provincial tiene un amigo muy particular, quien le enseñó a trabajar a su hijo el fiscal de Cámara. Se trata nada menos que del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello. La jueza del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N° 2, Alicia Vence, le dictó el procesamiento sin prisión preventiva, por considerar que “fue partícipe necesario penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público; e imposición de tormentos inflingidos por un funcionario público, agravado dado que se trataba de perseguidos políticos, en tres hechos, todos los cuales concurren realmente entre sí”.
Según la jueza Vence, “junto a otros imputados y personal militar no identificado, Fernández Garello impulsó los procedimientos del 23 y 24 de julio de 1981, que culminaron con la detención de tres hombres y sus alojamientos en la Brigada de Investigaciones 3 de San Martín”.
Jury González Garello. No A… by on Scribd
Fernández Garello fue acusado de haber participado del secuestro y la tortura de Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Ramón Duarte y José Rolando Seitor. Su historia fue revelada por la denuncia de torturas a un militante del Partido Comunista en 1982 y la detención de tres jóvenes del mismo partido, el 23 de Julio de 1981. “De la forma relatada, Fernandez Garello, Ríos, Cammarota, Coronel y Ornstein, fueron convocados por Jorge Norberto Apa para conformar las comisiones conjuntas integradas por personal idóneo para realizar los procedimientos detallados”, dijo la jueza Vence.
Según la CPM la meta de Fernández Garello en esa causa sería el espionaje político y gremial. También habría actuado en el informe que implicó la infiltración en una reunión entre autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y las Madres de Plaza de Mayo.
Los Pettigiani y Fernández Garello serían la consecuencia del pacto de la continuidad de la dictadura y la Policía Bonaerense dentro del Poder Judicial de la Provincia. Fernández Garello fue el mentor judicial del fiscal Pettigiani (hijo). Otro mérito de Cambiemos que se contradice con su consigna.
Pettigiani fue secretario de Seguridad en la gestión de Eduardo Duhalde y Fernández Garello fue su Director General de Administración. Ambos fueron denunciados por presuntos hechos de corrupción que se perdieron en la nada.
El dúo cumplió funciones políticas. Mientras Pettigiani fue candidato a intendente de Mar del Plata, Fernández Garello lo fue como primer concejal del Partido Justicialista de Mar del Plata en 1995. Cuando fue concejal, Fernández Garello, saltó a la fama de la oscuridad por oponerse a que el Concejo Deliberante de Mar del Plata repudiara al represor de la Marina, Alfredo Astiz.
Guglielminetti, quien fuera liberado en 1984 por Pettigiani (padre) continúa preso por delitos de lesa humanidad.
Ciga Correa murió en prisión y estuvo procesado por el asesinato del general chileno, Carlos Prats, hecho ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires. Esa operación terrorista habría sido ideada por la CIA estadounidense, la DINA chilena y agentes argentinos de la Inteligencia Militar y paramilitar.
Poco ha cambiado desde entonces. Así lo probó el juez Ramos Padilla en dos meses.
“Murdock”, D’Alessio y el abogado de Manzanares
El 29 de octubre de 2009, Clarín (el diario que no miente) tituló: “Tiroteo en Tapiales. Un ladrón muerto y un policía herido. La Policía quiso identificar a un grupo de sospechosos en una estación de servicio ubicada en el kilómetro 17.500 de la Autopista Ricchieri. Tras un enfrentamiento armado, entre seis y ocho hombres lograron escapar en dos autos”.
Lo que jamás se contó en esa crónica ni en ninguna sería que los policías bonaerenses habrían querido atracar a una banda que estaba haciendo inteligencia para asaltar un blindado. ¿Quién habría estado a la cabeza del grupo de los asaltados? Nada menos que el famoso hampón Mario Enrique Bagnera Paiva. El mismo que se fugó del Penal de Ezeiza en 2013 y fue capturado en Uruguay en agosto de 2015. ¿Qué pasó realmente en el tiroteo de Tapiales?
Una fuente que conoce muy bien al mayor predador de la Provincia –la Policía Bonaerense- contó que ese día Bagnera no quería problemas con la ley hasta que llegó un hombre alto con un joven e invadió su zona de confort. Habrían llevado armas de puño reglamentarias con la presunta intención de “cortarle boleto”: en la jerga policial, cobrar peaje a los delincuentes. Pero del otro lado se toparon con una banda pesada. Bagnera se habría negado y, trascartón, llegó al lugar su pequeño ejército con fusiles FAL. La cosa no terminó bien. El policía y el muchacho fueron heridos de bala. Al oficial le dicen “Murdock” y sería alguien que trabajaría en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires desde 2010 hasta la fecha. En los registros figura como “panadero” hasta 2007. ¿Su zona de influencia? La Matanza. Nada se mueve sin que él lo sepa. Tendría acceso a comisarios, jueces, fiscales, y agentes de la AFI.
Tres testigos a quienes no mencionamos con sus nombres para preservar su seguridad, cuentan que “Murdock” habría actuado como “protector” de algunos piratas del asfalto de la zona. Entre ellos, supuestos familiares de ciertos abogados resonantes que recurren al Código Procesal Penal para defender a flamantes “arrepentidos”.
Según las fuentes, el abogado Roberto Herrera, representante legal del contador Víctor Manzanares y Marcelo Sebastián D’Alessio, se habrían conocido durante un operativo antidrogas que empezó en la villa 21 -24 de Zavaleta y tuvo unas 30 causas anexas, algunas en territorio provincial. Allí donde campea “Murdock” y su personal especializado. El nexo entre ambos habría sido el experto agente bonaerense. Por eso luego los letrados Herrera y Rodrigo González –ex socio de D’Alessio, de excelente vínculo con La 12, al igual que el fiscal Stornelli- terminaron defendiendo al intendente de Itatí, Natividad Roger Terán, y Fabio Aquino respectivamente en una causa por tráfico de marihuana que era traída desde Paraguay.
Ver esta nota de archivo de Página/12 y la siguiente entrevista radial a González defendiendo a su cliente del año 2017.
A comienzos de marzo, la abogada penalista María Elizabeth Gasaro (ex socia de Herrera) denunció ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que el abogado Herrera habría mantenido un diálogo intenso de al menos dos horas con D’Alessio, mientras éste llevó bajo coacción al ex gerente de PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat ante el despacho del fiscal Stornelli. Esa situación extraña fue advertida por Brusa Dovat ante este periodista. Ver la entrevista completa a Brusa Dovat en Nuestras Voces del 18 de marzo:
Habla Brusa Dovat: los aprietes de D’Alessio para declarar con Stornelli y la entrevista de Santoro
El mecanismo
¿En qué otros misteriosos episodios habrían actuado algunos abogados presuntamente cercanos a Marcelo Sebastián D’Alessio?
Antes que finalizara el año 2018, el ex juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila se enteró por TN de que había sido procesado como el jefe de una asociación ilícita dedicada a proteger narcotraficantes. ¿Cuál fue la prueba? El testimonio de un “arrepentido”. Se trata de Federico “Morenita” Marín, un supuesto narco.
Al cierre de esta edición, Soto Dávila esperaba con su abogado, Gonzalo Díaz Cantón, que le otorgasen la excarcelación. Cumplió 71 años y está bajo prisión domiciliaria, porque siempre estuvo a derecho, pero su situación deambula en una especie de limbo jurídico.
La secuencia de su maldición comenzó el 7 de diciembre. Soto Dávila ni siquiera estaba notificado, pero el diario La Nación ya lo esmerilaba con “las pruebas”.
Al mismo tiempo que sucedía esto, desde el entorno del juez procesado, recuerdan que se presentó en el despacho del juez federal Sergio Torres. Soto Dávila nunca fue recibido por el magistrado, pese a que las acusaciones en su contra eran publicadas en serie por La Nación, Clarín e Infobae.
El cronista de este último medio, que aprendió a trabajar en Clarín, habría logrado entrar y conversar con fuentes del Juzgado, pero el imputado tuvo que esperar largo rato juntando nervios en el pasillo sin éxito. En esos momentos, ¿quién pudo haber hecho su aparición estelar? El abogado Herrera –el mismo del contador encuadernado Manzanares- quien le habría soltado en la oreja esta frase a Soto Dávila, según sus íntimos: “Lo ayudo en su causa, doctor, si quiere lo siento con Nelson Castro en TN”.
El ex juez de Corrientes se negó, pero Herrera habría insistido. Lo solía esperar en el garaje de Comodoro Py para ofrecerle estrategias tan insólitas como hábiles. O sea: ¿es posible que este grupo de abogados haya planteado el problema con el acceso a información clasificada y después la solución jurídica con nexos en la justicia federal y la AFI?
Lo cierto es que la CPM probó en el expediente a cargo de Ramos Padilla de que el grupo de D’Alessio realizó tareas de espionaje en Corrientes, incluso contra el gobernador Ricardo Colombi. El espía de la AFI, “Rolo” Barreiro declaró que su jefe, el presunto agente de EE.UU., Marcelo D’Alessio tenía un informe detallado de todas las llamadas del teléfono celular de Colombi. Así lo demostró en el despacho del senador Carlos Mauricio Espínola, según la indagatoria de Barreiro, ante un consultor en seguridad e inteligencia de una empresa israelí, acompañado de un supuesto ex agente del Mossad.
El gobernador Colombi declarará esta semana ante el juez Ramos Padilla. Aunque él fue el principal beneficiado por la destitución del juez Soto Dávila. En un tiempo récord, fue designado en su lugar el doctor Gustavo del Corazón Jesús Fresneda, a quien Soto Dávila apartó de su Juzgado en el período 2004/2005.
La llegada de Fresneda se dio al mismo tiempo de que los senadores Miguel Ángel Pichetto (nótese los nombres Jesús y Ángel de los personajes) y Pablo Tonelli diesen curso al apartamiento de Soto Dávila, quien renunció a los fueros. Con la velocidad de la luz, el juez Torres le dio curso al fiscal Stornelli y éste a la PROCUNAR, que amplió la acusación en 80 fojas, sin darle tiempo a la defensa a Soto Dávila para refutar los cargos en su contra a fin de año.
El ex juez Soto Dávila sería un jefe de una asociación ilícita curiosa. A diferencia de Stornelli nunca estuvo en rebeldía. Se presentó en persona a la primera citación, mientras aún era juez federal y no tiene antecedentes penales, ni incremento patrimonial –vive en la misma casa comprada con un crédito, cuando era defensor oficial en 1992- y posee un pequeño terreno en Paso de la Patria donde no construyó una mansión como la que tiene D’Alessio en el country Saint Thomas de Esteban Echeverría. Tampoco colecciona relojes como Stornelli y D’Alessio. Menos autos de alta gama como el falso abogado que lavaba dinero por 100 millones de euros en media docena de países. Soto Dávila es dueño de dos automóviles para él y su esposa y vive en el centro de Corrientes.
La literatura ha dado muchos ejemplos sobre el significado de la venganza. Un asunto humano. La filosofía deshoja el sentido de la vida.
En el libro “El último encuentro”, de Sándor Márai, dos viejos amigos se reencuentran luego de 30 años. Lo que parecía un cruce amoroso con recuerdos de juventud se convierte en un ajuste de cuentas. En “El Túnel”, Ernesto Sábato nos hunde en el psiquismo maltrecho de Juan Pablo Castel que mata a su amante, María Iribarne.
En el alma anida el rencor como un motor. Quizá Legrand no haya leído nunca a Sábato y a Márai, pero comprendió el objetivo del asesor presidencial Jaime Durán Barba.
No sería la única.
