En la resolución donde dicta la prisión preventiva contra los expolicías bonaerenses Ricardo Bogoliuk y Aníbal de Gastaldi, el juez federal Alejo Ramos Padilla describe los alcances de la llamada «Operación Jaitt». Esta «operación mediática y de Inteligencia» realizada por la organización paraestatal , se explica en el fallo, buscaba «neutralizar» una maniobra que «habría sido pergeñada por un ex funcionario de la AFI y del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Dr. Eduardo Miragaya, en articulación con la Srta. Natacha Jaitt para ser llevado adelante en el programa de la Sra. Mirtha Legrand, en marzo de 2018».
Según el magistrado, «entre los recursos utilizados para la realización de la maniobra de contrainteligencia, se accedió a los cruces de mensajes realizados a través de la aplicación WhatsApp por parte de los supuestos participantes de la producción de aquel programa desde el 26 de marzo al 4 de abril de ese año». La «Operación Jaitt», explica el juez, tuvo como «objeto de las tareas de Inteligencia la Sra. Natacha Jaitt, así como a los Sres. Eduardo Miragaya, Ignacio Viale, Raúl Martins, Gustavo Vera y
Gabriel Anello».
En base al requerimiento del juez, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) analizó el material secuestrado de la casa del falso abogado Marcelo D’Alessio y en lo vinculado a la Operación Jaitt determinó que se trató de «una operación de Contrainteligencia». La maniobra «deriva de lo ocurrido el día 31 de marzo de 2018 en un programa televisivo de larga trayectoria y gran popularidad como es aquel conducido por Mirtha Legrand, en el que Natacha Jaitt expuso que distintas personalidades de la política, el periodismo y el espectáculo se encontrarían relacionadas con casos de abusos sexuales y pedofilia sufridos por jugadores de la reserva del Club Atlético Independiente».
En su informe, la CPM describe que la Operación Jaitt constaba de un documento «en formato de presentación» que tenía «como blanco de las tareas de inteligencia a las Sras. Natacha Jaitt y Mirtha Legrand, así como a los Sres. Eduardo Miragaya, Ignacio Viale, Raúl Martins, Gustavo Vera y Gabriel Anello». «Uno de los puntos a destacar de dicha presentación, es el cruce de mensajes realizados en la plataforma de la aplicación Whatsapp por parte de los supuestos implicados. Información que, de ser real, solo puede ser recabada mediante instrumentos de hardware y software en poder de alguna agencia estatal de inteligencia», agregó el organismo.
A propósito de esta operación, el titular de la ONG La Alameda, Gustavo Vera, se presentó ante el Juzgado Federal de Dolores, negó el contenido del archivo mencionado y refirió que, dado su activismo en La Alameda, no le sorprendía que le estuvieran realizando operaciones de Inteligencia. «Todo ello me hace pensar que el Gobierno Nacional ha resuelto establecer una relación promiscua con la cloaca parainstitucional que representan los servicios de inteligencia y que se vale de ellos para amedrentar, extorsionar, neutralizar y destruir a quien consideren un oponente», declaró el dirigente el 12 de marzo pasado ante Ramos Padilla.
