La ONG Human Right Watch expresó su rechazo al pedido de juicio político contra Alejo Ramos Padilla que el Ejecutivo envió al Consejo de la Magistratura y pidió que se retire la solicitud porque «amenaza la independencia judicial». El titular del organismo, José Manuel Vivanco, sostuvo que «el Gobierno no ha presentado ningún motivo convincente para justificar una investigación contra el juez» de Dolores.
El director para las Américas de la entidad de Derechos Humanos indicó que «pareciera que el gobierno está tomando represalias contra un juez que tiene a su cargo una investigación que le preocupa”.
En el comunicado la ONG señaló que «el pedido del Gobierno argentino para que se investigue a un juez federal que adelanta una investigación sobre supuestos actos ilegales de inteligencia y extorsión que podrían implicar a autoridades atenta contra la independencia judicial».
Además, la ONG también cruzó a Germán Garavano al mencionar que «el Ministro de Justicia, al pedir que se investigue al juez Ramos Padilla, indicó que el juez había violado el Código Procesal Penal argentino al divulgar pruebas al público durante su audiencia en el Congreso». «Sin embargo, la mayoría de las pruebas que presentó el juez ya habían sido divulgadas el 25 de febrero cuando el sitio web del poder judicial publicó el procesamiento de D’Alessio. Es habitual que el sitio web publique procesamientos en casos de interés público», retrucaron desde el organismo.
Al mismo tiempo, recordaron que «los jueces de instrucción usualmente brindan información al público sobre investigaciones en curso, pero rara vez las autoridades argentinas han solicitado que se inicie una investigación en su contra, lo cual siguiere que se trataría de un preocupante caso de doble estándar».
En tanto, desde Human Right Watch indicaron que «no coinciden con el planteamiento del Gobierno» sobre la supuesta falta de ecuanimidad por parte del magistrado. «Existen numerosos estándares internacionales – como los establecidos en los Principios básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura, el Estatuto Universal del Juez y el Estatuto del Juez Iberoamericano – que establecen los elementos centrales que debe tener un poder judicial independiente e imparcial. Estos estándares incluyen que los jueces no deberían sufrir presiones ni injerencia de otros poderes. Los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos ‘por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones'», añadieron.
Para Vivanco, «cualquiera sea el resultado de esta investigación que adelanta el juez Ramos Padilla, ningún periodista puede ser perseguido penalmente solamente por publicar información y proteger a sus fuentes».
