Lxs medicxs Cecilia Ousset y José Gijena, quienes estuvieron a cargo de la cesárea a la nena tucumana de 11 años violada y sometida por el Gobierno de Juan Manzur a ser madre, se expresaron a través de las redes sociales tras la denuncia de abogadxs antiderechos, que lxs acusaron de «homicidio calificado». «Queremos decirles que estamos muy bien nosotros y nuestros hijos», escribieron en una carta abierta publicada en Facebook.
Lxs ginecólogxs comentaron que «seguimos atendiendo en consultorio y en quirófano normalmente y como siempre» y pidieron que «la persecución judicial pase lo antes posible». En este punto, aclararon que su intervención en el caso de Lucía se dio «a pedido de las autoridades del Gobierno» y se enmarcó en «las normas legales vigentes en Argentina».
En el posteo lxs profesionales indicaron que «en cuanto conocimos la realidad de Lucía pusimos fin a su tortura». «¿Cuántas semanas hay que esperar para frenar un tormento? Para nosotros ni un solo día», añadieron.
En otro tramo, postearon que «no podemos negar la sorpresa y la conmoción ante la realidad de las niñas y adolescentes violadas y torturadas en nuestra provincia. Queremos que piensen solo en ellas y pongan su esfuerzo en frenar esa práctica perversa. No se preocupen tanto por nosotros, que estamos bien representados por los abogados de Andhes y Cladem».
«La vida sigue pero todos somos responsables de terminar con la naturalización de las violaciones y los embarazos forzados (especialmente en niñas). Tucumán debe ser una provincia decente con infancias felices. Ese es el objetivo», escribieron.
Luego de practicarle la intervención a la niña de 11 años violada producto de una violación por parte de la pareja de su abuela, un grupo de abogadxs antiderechos encabezadxs por María Teresa Mockevich, Luciana Collombres, Viviana Matar, Jorge Ramacciotti, Constanza del Carril, Raúl Lezana, Angela Vittini y Ricardo Miguel Auad denunciaron a Ousset y a Gijena por «homicidio agravado», basándose en la supuesta «tortura» que sufrió la beba que falleció. Este delito contempla una condena que puede llegar hasta la prisión perpetua.
