Organizaciones sociales nucleadas en el colectivo «No A La Baja» se manifestaron este martes frente al Ministerio de Justicia de la Nación para expresar su repudio al anteproyecto de ley de Responsabilidad juvenil, presentado por German Garavano.
La iniciativa impulsada por el Gobierno tiene como eje central la baja de la edad de imputabilidad, que se fija a partir de los 15 años en el caso de que el menor cometiera algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal.
El proyecto oficial consta de más de 100 artículos y propone, entre otras cosas, «contar con una Justicia especializada, abordar los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria y restaurativa; fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos; y procurar la integración social de los jóvenes e involucrar activamente a las víctimas».
La abogada Claudia Cesaroni aseguró que la iniciativa macrista «es peor que la de Videla, que hoy está vigente, y somete a los niños a una intervención penal sin límite: un niño de 7 o 9 años queda a disposición del juez penal si entiende que lo puede someter a un tipo de medida que son de índole penal». «De no ser punibles los pibes y pibas de 15 años pasan a tener penas de hasta 15 años, y para la franja de 16 o 17 años queda la posibilidad abierta de que vengan penas de hasta 50 años», advirtió en diálogo con #LaGarcía.
La integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos recordó que «hace muchos años que se vienen usando las mismas recetas que demuestran una y otra vez un fracaso» y resaltó que «la idea de aumentar las penas y de incorporar más gente a la cárcel no resuelve ningún problema».
Por su parte, el abogado Gabriel Lerner también expresó su rechazo y dijo que con este proyecto «el Gobierno muestra las cartas de su verdadera política para la infancia», al tiempo que subrayó que la baja de la edad de punibilidad «castiga a la juventud y a la adolescencia más pobre y más humilde». «El año pasado le han recortado 932 millones de pesos a la Secretaría de la Niñez y es previsible que hoy haya más jóvenes inclinándose por los consumos problemáticos, por la violencia o incluso por los delitos a partir de la desatención social».
«Venir a decir que esta es una política para reducir la cantidad de delitos es una farsa porque permanentemente la política económica, la política social y la política educativa está empujando más pibes al delito», añadió el exsecretario nacional de Niñez.
En caso de prosperar, la normativa convertiría en imputables a lxs jóvenes mayores de 16 años y menores de 18 que cometieran «un delito de acción pública previsto en el Código Penal y leyes especiales, con excepción de aquellos penados con un máximo de tres años o sancionados con multa o inhabilitación como pena principal».
Producción y realización: Luis Iramain
Edición: #LaGarcía
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