*Por Sebastián Premici para Agencia Cadena del Sur
El abogado Eduardo Barcesat presentó una medida cautelar para evitar el cierre de la empresa.
La actual intervención de la empresa YCRT continúa con sus amenazas de echar trabajadoras y trabajadores, ya sea con nuevos telegramas o forzando un programa de retiros (para nada) voluntarios. Bajo este contexto, el Gobierno nacional cortó desde hace dos años todo tipo de financiamiento de capital para finalizar la mega usina de 240 MW; en 2018, su presupuesto para gastos corrientes -pago de salarios y gastos administrativos- se redujo en un 35 por ciento. Como si esta situación no fuera lo suficientemente crítica, la AFIP -es decir el propio Gobierno nacional- le exige el pago de una deuda millonaria que podría derivar en un pedido de quiebra de la sociedad.
A partir de esta situación, el abogado Eduardo Barcesat, en representación de la Asociación Personal Superior de Profesionales y Técnicos (APS) presentó una medida cautelar colectivaque impida la “amenaza de cierre o privatización de la explotación minera y de sus valiosas instalaciones accesorias”. El pedido fue realizado ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires
“Se reclama tutelar y preservar la fuente de trabajo de los yacimientos carboníferos de Río Turbio, Provincia de Santa Cruz, amenazados de extinción por la actual gestión empresarial, dependiente del Gobierno Nacional, sea con el propósito de privatizar, a precio ruinoso, o de cerrar la actividad minera, dejando inermes y desamparadas a tres localidades de dicha provincia, cuya población depende fundamentalmente de dicha actividad extractiva, que se integra con la del transporte ferroviario y marítimo del carbón, y con la usina termo eléctrica, inconclusa”, sostiene el amparo colectivo presentado por Barcesat.
El constitucionalista también sugirió en su escrito que la provincia de Santa Cruz sea llamada como “tercera interesada”, teniendo en cuenta que el artículo 124 de la Constitución Nacional establece “el dominio originario de las provincias sobre las riquezas existentes en su territorio”.
“Se solicita en la presentación judicial que se adopte una medida cautelar que impida la amenaza de cierre o privatización de la explotación minera y de sus valiosas instalaciones accesorias. Fundamentando la urgencia, se invoca la situación de falta de pago de los créditos de la AFIP, que se encuentran en ejecución judicial y que pueden derivar en una obligada presentación concursal o la quiebra de YCRT”, puede leerse en la presentación judicial.
Según Barcesat, esta acción de amparo colectiva podría configurar un caso piloto para “proteger las fuentes de trabajo amenazadas por las políticas económicas del actual Gobierno Nacional que llevan al cierre de toda actividad industrial y muy especialmente a las empresas del Estado que aún se mantienen en pié».
