La Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP) expresó su repudio a un proyecto legislativo propuesto por el oficialismo que busca simplificar el aval de títulos universitarios venezolanos y establece una habilitación provisoria por cinco años para ocupar puestos en dependencias estatales. Desde el gremio alertaron sobre las inadecuadas condiciones de trabajo, el incumplimiento de la legislación y la desprotección que supondría su aprobación.
La iniciativa macrista, que fue presentada en el Congreso por el diputado Fernando Iglesias, establece que «la habilitación profesional prevista por la presente ley tendrá una duración de cinco años a partir del momento de su otorgamiento, será renovable una vez concluido dicho período en el caso de continuar vigente este régimen especial, y limitará el ejercicio de la profesión al ámbito de los organismos públicos descentralizados y las administraciones nacional, provinciales y municipales con domicilio real laboral en el territorio de la República Argentina; con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios del AMBA y las ciudades de La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Santa Fe».
Desde la AMAP advirtieron sobre «la precarización del trabajo que esta propuesta implica, así como en otros ámbitos la contratación de extranjeros ha generado nuevas formas de explotación laboral». De hecho, desde el gremio indicaron que «en Jujuy y Río Negro se registran contrataciones de colegas venezolanos que violan todas las normas y leyes vinculadas al ejercicio de la profesión médica».
Asimismo, cuestionaron que «el proyecto deja de lado una estricta homologación académica» y explicaron que «en el caso de Venezuela la currícula universitaria de Medicina es notablemente diferente» a los planes de estudios de las facultades argentinas.
«Si bien principio esta iniciativa se circunscribe al ámbito estatal con la excusa de que no hay profesionales suficientes en zonas alejadas y de condiciones de vida desfavorables, en realidad este tipo de ideas se vincula a la falta de voluntad de las autoridades de pagar por el trabajo médico lo que realmente corresponde», denunciaron desde la AMAP a través de un comunido.
En este punto, añadieron que «esta forma de contratación fácilmente podría extenderse al sector privado de la salud en la cual la situación ya es grave dado que excepto en la Ciudad de Buenos Aires, en el resto del país los niveles de trabajo no registrado supera el 90% de los médicos. Los colegas venezolanos estarían aún en una situación de desprotección mayor, lo que generaría: una precarización aún mayor del sector, negociación de paritarias a la baja, relaciones laborales irregulares y ausencia de normativas laborales».
No obstante, desde el sindicato médico aclararon que «este posicionamiento no se vincula a cuestiones de discriminación hacia profesionales extranjeros sino que lo que pretende es poner el foco sobre una situación que implicará un detrimento de la salud de la población ya que el trabajo del médico en condiciones indignas, sin protección gremial y sin la debida acreditación que exige la Ley de Ejercicio Profesional, indefectiblemente repercute sobre la calidad de la prestación».
La habilitación provisoria que menciona el proyecto gubernamental abarca los títulos universitarios de “la medicina, odontología y demás actividades profesionales vinculadas al ámbito sanitario”, “ingeniería y la arquitectura”; “ciencias exactas”; “actividades docentes en todas aquellas disciplinas en las cuales se requieran conocimientos universales, como las ciencias naturales, exactas y biológicas”; y “cualquier otro título docente o universitario cuyo plan de estudio no difiera sustancialmente en sus contenidos respecto de sus equivalentes en la República Argentina, ni requiera un conocimiento especializado vinculado a la residencia en el país”, reveló a inicios de mes el diario Ámbito Financiero.
Los profesionales venezolanos, establece el proyecto de Iglesias, deberán «acreditar no menos de dos años de experiencia en el ejercicio de la profesión, o bien haber culminado estudios de postgrado, maestrías, especializaciones o doctorados de duración equivalente -dos años- en el caso de las licenciaturas universitarias, y no menos de tres años de ejercicio profesional en el caso de las tecnicaturas de nivel terciario”. En tanto, «si fuera necesario, cuando sus titulares hayan ejercido su profesión dentro del territorio de la República de Venezuela se presumirán los años de experiencia en el ejercicio en virtud de los años transcurridos desde el de graduación».
Además de Fernando Iglesias, la iniciativa lleva las firmas del titular de la bancada del PRO en Diputados, Nicolás Massot, y de lxs legisladores Cornelia Schmidt Liermann, Lucía Lehmann y Facundo Suárez Lastra, entre otrxs.
