La Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) afirmó que están en serio riesgo los servicios de diálisis por la deuda que la Agencia Nacional de Discapacidad (ex Programa Federal Incluir Salud), PAMI y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires mantienen con el sector y que en algunos casos llega a seis meses de prestaciones impagas.
El presidente de la entidad, Alfredo Casaliba explicó en declaraciones publicadas por Página/12 que «el precio de las prestaciones está atrasado y a eso se le suma un gran atraso en los pagos, en un contexto de devaluación, inflación y aumento en las tarifas. «Y además la paritaria del sector cerró con un 26 por ciento de aumento en los sueldos, que es más que merecido (y debería ser más, en realidad) pero que no podemos enfrentar”, comentó.
Con el objetivo de encontrar una solución, representantes de los 600 centros afectados de todo el país, autoridades de la ARD, la Cámara Renal y la Confederación de Asociaciónes de Diálisis de la República Argentina, se reunieron con el subdirector ejecutivo del PAMI, Víctor López Monti, y con el director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, Pablo Atchabaian, y con el presidente del IOMA, Pablo Di Liscia.
En la víspera de ese encuentro, Casaliba afirmó que “todas las autoridades con las que nos reunimos nos dijeron que no tenían presupuesto. Llamamos a los funcionarios a reflexionar porque esto va a terminar en un desastre. La diálisis no se puede reemplazar por otro tratamiento, no se puede discontinuar, es imprescindible para la vida de los pacientes. Hacemos aproximadamente 400.000 tratamientos por mes, alrededor de cinco millones al año, porque hay más de diez mil pacientes en la Provincia de Buenos Aires y treinta mil en todo el país. Esa gente necesita tener la seguridad de que va a poder seguir el tratamiento”.
“Además, es un contrasentido promulgar una ley de trasplante como la que tenemos actualmente y no sostener la diálisis. La nueva ley favorece a los que necesitan trasplantes renales, pero lo único que los sostiene hasta la aparición de un órgano compatible y se puede hacer el trasplante es la diálisis”, añadió.
Respecto del procedimiento de diálisis, el especialista describió que «lleva de 4 a 6 horas tres veces por semana y se hace en centros de alta complejidad, porque tiene que ser un ambiente muy controlado para que no se produzcan infecciones. Además, es un proceso que exige mucho personal especializado y un uso intensivo de electricidad y agua. Y en esta época, también usamos mucho gas, por la calefacción”.
“Por eso es tan abrumador el panorama cuando tenemos tanto atraso en los pagos. Para dar una idea, el último mes que cobramos fue marzo. Hace unos meses, un centro en Avellaneda tuvo una factura de agua de 94.000 pesos. Los costos son insostenibles y entonces cierran los centros. Con esto se genera un problema mayor, porque los pacientes deben trasladarse a otras ciudades para tratarse. En algunos casos, deben levantarse sobre las 4 de la mañana para tener tiempo de prepararse y viajar, porque las diálisis empiezan a las 7 de la mañana. Imagínese cómo incide eso en la vida de los pacientes. Y lo que implica económicamente, porque no es que se toman un colectivo y ya está. Y además, no es fácil montar un centro donde puedan hacerse diálisis, entonces cada lugar que cierra no tiene reemplazo”, insistió.
Para Casaliba, “estamos en un tobogán. Hicimos todo lo posible para llegar a un acuerdo razonable, pero no pudimos. La respuesta siempre es la misma: ‘No hay presupuesto’». «Insistimos en que no es un problema ideológico ni de estar a favor o en contra del Gobierno. Pero en este tema el ajuste ya llegó a límites insoportables y nos enfrentamos a un desastre. El año pasado no hubo ningún aumento en el valor de las prestaciones. Este año, Incluir Salud prometió un 15 por ciento, pero todavía no lo hizo efectivo. Entonces, la preocupación es enorme”, puntualizó.
