* Por Sabrina Roth desde Jujuy
El próximo martes comienza un nuevo debate oral y público contra Milagro Sala. Ni huevos, ni bombachas -nombres con los que se conocieron los procesos judiciales en contra de la diputada del Parlasur-. Esta vez se trata de “Pibes Villeros”, en referencia a la denominación de una cooperativa que retiró en diciembre de 2015 dinero del Banco Nación. En los medios y ante la opinión pública se vendió como un robo, aunque fue un trámite normal. Quizá el problema fue que, en lugar de transferir electrónicamente los fondos a cuentas en Panamá o Bahamas, se llevaron el dinero en bolsos para pagar a trabajadores y proveedores de la construcción. Y quienes lo hicieron tenían la piel morena. Este juicio estará presidido por las juezas Alejandra Tolaba, como presidenta del trámite, Ana Carolina Pérez Rojas y Claudia Cecilia Sadir. Según se supo a través de una investigación de El cohete a la luna, la primera no aprobó los dos concursos a los que se presentó para integrar un Tribunal Criminal. Y, como si fuera poco, este fin de semana el periódico El Expreso reveló que distintas partes de la resolución en la que rechazan toda la prueba ofrecida por las defensas de los imputados, fueron un copiado y pegado de una resolución de la Cámara de Casación Penal en un caso que no tiene nada que ver con el actual. Bienvenidos al espectáculo.
Además de Milagro Sala, serán juzgados en este proceso todos los presos políticos de la organización barrial Tupac Amaru, y otros que estuvieron detenidos y fueron liberados. Mirta Aizama, Gladys Díaz, Graciela López, Mirta Rosa Guerrero, Alberto Cardozo y Javier Nieva, serán trasladados desde los distintos lugares de detención. También estarán Patricia Cabana, Ivan Altamirano, Miguel Ángel Sivila y Raúl Noro. Además, otros cooperativistas, el ex titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, Lucio Abregú, y otros funcionarios del organismo. En total 30 imputados entre los que se encuentran la “arrepentida” Mabel Balconte, que tras cambiar su declaración tuvo un episodio de intento de suicidio, allá en 2016.
LA CAUSA
Es difícil dar cuenta qué hechos se van a juzgar durante el debate que comienza el próximo martes y que se espera que se desarrolle a lo largo de 20 audiencias. De hecho, gran parte de las defensas solicitaron la nulidad del proceso justamente porque el requerimiento de elevación a juicio presentado por la fiscalía adolece de una relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos de los que acusan a los imputados y la ausencia de una calificación legal. El planteo de los abogados fue que no pueden ejercer el derecho a la defensa cuando, en pocas palabras, no saben con precisión de qué acusan a sus defendidos.
Si bien la causa se conoce como “Pibes Villeros”, en este juicio se acumularon tres expedientes. El 131.072/16, que se conoce bajo el mencionado nombre; el 131.113/16, vinculado con cooperativas de la ciudad de Palpalá y el 129.652/16. Este último no es menor. Cuando el encarcelamiento de Milagro Sala por la causa del acampe ya era insostenible, en enero de 2016, el juez Gastón Mercau libró una orden de cese de detención de la dirigente social. Pero no tuvo oportunidad de pisar la calle, porque pocas horas después, a pesar de tener la resolución firmada desde algunos días antes, ordenó una nueva detención, esta vez por asociación ilícita, fraude al estado y extorsión. Justamente esa causa es la que se tratará también en este proceso.
Ese expediente se inició el 15 de enero de 2016. Era viernes. La fiscal Liliana Fernández de Montiel recibió en su despacho entre las 6 y las 10 de la noche a siete cooperativistas que se presentaron de manera “espontánea” y declararon prácticamente lo mismo: que Milagro Sala los obligaba a entregar los cheques que recibían para realizar obras bajo distintas amenazas. “Es más, yo recibí un chirlo”, llegó a declarar Walter Matías Romay aquella tarde noche, a pocas horas de abandonar el acampe que la Red de Organizaciones Sociales realizaron frente a Casa de Gobierno. En la acusación la fiscalía da crédito a los dichos de los testigos en función del supuesto poder intimidatorio de Milagro Sala “acreditado por la gran cantidad de causas que se tramitan en las distintas fiscalías de investigación penal preparatoria”. De esas investigaciones a las que se hace referencia, en dos fue sobreseída; en una se le dictó la falta de mérito; en otra un juez dictó la nulidad del requerimiento de elevación a juicio; en la que llegó a juicio -la de las bombachas- fue absuelta y otras siguen en proceso, también, plagadas de irregularidades. Pero, evidentemente, para estos fiscales, el principio de inocencia quedó en el olvido y toman una denuncia como una condena.
Lo cierto es que era plena feria judicial, habilitada para causas en las que hubiera detenidos o medie alguna urgencia, según acordada del Superior Tribunal de Justicia para ese período judicial. Sin embargo, las declaraciones se tomaron en el marco de una nueva causa que se creó entonces sin que mediaran los supuestos establecidos por el máximo órgano judicial. El 18 de enero, el titular del Ministerio Público de la acusación, Sergio Lello Sánchez, dictó una resolución por medio de la cual habilitó la actuación de la fiscal en todas las causas en las que estuviera imputada Milagro Sala y en las que en el futuro estuviere, violando la ley orgánica del Poder Judicial en la provincia de Jujuy al crear una suerte de Tribunal Especial. “El propio ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni tuvo que leer la copia de la resolución para creer que lo que le contábamos era cierto”, relató por aquellos días la abogada Elizabeth Gómez Alcorta en una charla para que los presentes tomaran dimensión del atropello jurídico que se llevó adelante en la provincia de Jujuy. La denuncia penal presentada por la defensa ante esa irregularidad nunca prosperó.
Una de las declaraciones estrella utilizada por el fiscal Diego Cussel para justificar la acusación, fue la de Mabel Balconte, electa diputada por el espacio que conduce Milagro Sala, el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUyO) y protagonista de cortes de ruta en febrero de 2016 para reclamar la libertad de la dirigente social. Sin embargo, de un día para el otro, cambió de abogado y en su declaración indagatoria, donde no la asiste la obligación de decir la verdad, aseguró que Milagro Sala viajaba a Buenos Aires para llevar valijas con dinero a la Casa de Olivos, donde supuestamente la esperaba Máximo Kirchner. Hasta el momento, no hay registro alguno de la residencia presidencial que confirme el relato.
Por esos días, Santiago Hamud, entonces secretario legislativo de Mabel Balconte, relató que previo al cambio de declaración del 22 de abril, la diputada “refirió en varias oportunidades que estaba recibiendo presiones del gobernador Morales en forma directa. También tenemos otras informaciones que hicieron llegar personas allegadas a ella y que pidieron reserva de la identidad por el miedo terrible que tienen por las represalias que puedan tener en Jujuy respecto a que dos personas la habían subido a un auto a Balconte días previos a la declaración diciéndole que si efectivamente ella no imputaba a Máximo Kirchner y otros dirigentes nacionales ellas y sus dos hijos que también se encuentran en la causa iban a ser detenidos”. Pocos días después la legisladora tuvo un intento de suicidio, primero desmentido por su flamante abogado, Guillermo Puerta, que tuvo que reconocerlo tras la publicación en La García de la historia clínica donde quedó asentado que los médicos debieron aplicar el protocolo de intervención médica ante intento de suicidio y que la paciente había ingresado al Sanatorio después de una ingesta de 15 pastillas de alprazolam de 1 miligramo, según refirieron los familiares. Luego, el propio abogado, ante la contundencia de la información reconoció el hecho pero dijo que se había producido tras una amenaza de algún integrante de la Tupac Amaru.
Para la fiscalía, las declaraciones de los testigos dan cuenta de una “mecánica de funcionamiento de la organización Tupac Amaru, como una asociación ilícita formada con el objeto de defraudar al Estado Provincial, y la utilización de individuos los que mediante extorsión, ejecutaban los designios de Milagro Amalia Ángela Sala, cuya causa final fue defraudar al Estado y apoderarse de cuantiosos recursos dinerarios”.
Uno de los problemas de la acusación, como señalamos más arriba, cuestionados por la defensa, es de qué período se tratarían los delitos imputados. Porque la causa Pibes Villeros se refiere a un convenio específico vinculado con el programa “Mejor Vivir”, en el que se cobraron fondos los primeros días de diciembre de 2015 con el fin de realizar 1000 mejoramientos habitacionales en tres ciudades. En ese caso un adelanto de fondos para comenzar con las obras que se pueden destinar, por ejemplo, a acopio de material y que tienen un plazo de seis meses de ejecución durante los cuales se presentan certificados de avances de obra, firmados por autoridades municipales, para que se autorice el siguiente desembolso. Sin embargo, la causa iniciada en enero de 2016 por “asociación ilícita, fraude al Estado y extorsión”, no está acotada en el tiempo. No se sabe cuando se habrían cometido esos delitos. Según la propia acusación, la organización barrial que construyó en la provincia miles de viviendas, escuelas de nivel inicial, primario, secundario y terciario, que brindó servicios de salud gratuitos en distintas localidades, que construyó el Parque Acuático más grande de todo el noroeste argentino y otra decena de polideportivos, fue creada con un fin criminal.
POCAS POSIBILIDADES DE DEFENSA
El 7 de junio de este año se desarrolló en el salón Vélez Sarsfield del Poder Judicial la audiencia preliminar en la que tanto los querellantes como los defensores realizan los planteos de nulidad que crean correspondientes y el ofrecimiento de prueba ya sea para acusar o defenderse. Sin embargo, el 29 de junio las juezas Tolaba, Sadir y Perez Rojas rechazaron prácticamente todas las pruebas presentadas por las defensas y aceptaron las de la fiscalía y las querellas.
De un total de 117 testigos que se deben presentar en el proceso, 91 fueron ofrecidos por las partes acusadoras. Toda la prueba pericial y documental solicitada por la defensa de Milagro Sala fue rechazada, asi como también 38 de los 51 testigos ofrecidos por los defensores. “Esto implica un claro y directo ataque al legítimo derecho a la defensa en el que se obliga a los acusados a participar de un proceso en el que los abogados iríamos a legitimar una suerte de espectáculo con nuestra presencia, pero sin posibilidad alguna de ejercer nuestra función. Es decir, la decisión adoptada por este tribunal es la de hacer un juicio exclusivamente con la prueba de la acusación, negando de modo absoluto el derecho de defensa de las partes y en particular de Milagro. Este derecho al que hacemos referencia implica, además de contar con un abogado, la posibilidad de presentar las pruebas que se consideren pertinentes para rebatir la acusación”, señaló el abogado Luis Paz.
JUEZAS REPROBADAS, JUEZAS RECUSADAS
A partir de una investigación periodística de Alejandra Dandan publicada en El cohete a la luna, la defensa tomó conocimiento de la “idoneidad” de la jueza que encabezará el tribunal, Alejandra Tolaba. Desde 2016 se presentó a dos concursos para ocupar el cargo de jueza Criminal, primero de la Cámara y luego del Tribunal 3. En el Concurso 10, en lo que se conoce como “Prueba de Oposición” y que consiste en el análisis de un caso concreto, obtuvo 15 puntos sobre 40. En el Concurso 22, se conoció en junio pasado que su examen fue calificado con 16 puntos. Según el reglamento de Concursos para ser considerado en el orden de merito se deben obtener como mínimo 20. Es decir, reprobó los exámenes.
Las juezas Ana Carolina Perez Rojas y Claudia Sadir quedaron terceras y sextas respectivamente en el orden de mérito del concurso 10. Sin embargo, fueron nombradas y asumieron en el Tribunal Criminal 3 y 2, a pesar que los abogados Sara Cabezas y Carlos Farfan obtuvieron puntajes mas elevados. El fin de semana el diario El Expreso publicó otra investigación periodística en la que da cuenta que las tres juezas en la resolución en la que rechazaron las pruebas presentadas por las defensas copiaron textual al menos siete parrafos de una resolución de la Cámara de Casacion Penal en un caso que no tiene absolutamente nada que ver con el que irá a debate oral y publico.
La defensa de Milagro Sala presentó una recusación contra las tres magistradas. En referencia a los puntajes que obtuvo Tolaba y que en el ultimo concurso directamente la dejó fuera de carrera los abogados plantearon: “Cabe preguntarse qué garantía le ofrece el Estado a mi defendida habilitando para decidir su suerte a una persona que, en las dos ocasiones de las que se tiene conocimiento, resolvió de forma marcadamente equivocada los casos que se le presentaron. ¿Cómo se materializa el derecho de defensa ante un Tribunal presidido por alguien que falló rotundamente en sus intentos por ocupar el cargo?”
Y agregaron que “tanto frente a los imputados como frente al mundo el Poder Judicial de Jujuy debe presentar una imagen de transparencia y legitimidad en el proceso que nos ocupa: la designación de alguien que no logró siquiera alcanzar el puntaje mínimo establecido en el Reglamento para la designación de magistrados al frente del Tribunal destinado a llevar adelante tan compleja tarea no parece ser la forma de hacerlo”.
En relación al copy paste descubierto, los abogados de Sala también manifestaron que de lo que pudieron observar de una rápida comparación de las resoluciones de las juezas en las que rechazaron las nulidades y las pruebas ofrecidas por la defensa con la del caso “Acro”, al menos en cinco oportunidades se han realizado transcripciones idénticas del voto del magistrado de la Cámara Federal de Casación, sin que exista en ninguna de ella cita o referencia alguna.
“El término plagio, según el Diccionario de la Real Academia Española, es la acción de «copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias». Se trata de una infracción al derecho de autor sobre una obra, en este caso intelectual, por la que otra persona -aquí las tres magistradas- se presentan como autor/as de una obra ajena como si fuera propia”, señalaron.
Y concluyeron: “Este escándalo jurídico impide que sean estas magistradas las que dicten una sentencia judicial, que puede implicar una condena penal. A los temores de Milagro Sala sobre la independencia del poder judicial, se suma el de ser juzgada por tres magistradas que para rechazar los agravios violatorios a sus garantías constitucionales, copian y pegan párrafos de otras resoluciones, haciéndolos propios”.
En ese marco, Aníbal Ibarra, integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala, aseguró: “Este juicio forma parte de la persecución política de Morales hacia Milagro y hacia toda la Tupac. Ni siquiera judicializan la política porque los jueces en Jujuy son operadores del poder político. Es lisa y llanamente persecución política a través de sus jueces”.
