Las diputadas nacionales del FPV-PJ por Chaco, Analía Rach Quiroga y Lucila Masin, recibieron persecusión y hostigamiento de parte de sectores conservadores de la provincia, incluso el pedido de expulsión del Partido Justicialista por «inconducta partidaria», por haber votado a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 14 de junio.
Inmediatamente el Colectivo de Mujeres del Campo Nacional y Popular, diputados y diputadas nacionales, y distintos dirigentes nacionales y provinciales de diferentes sectores manifestaron públicamente su apoyo y solidaridad, y repudiaron las expresiones violentas dirigidas a las diputadas.
Quiero expresar mi apoyo y solidaridad a las compañeras @LuciMasin y @analiarach, diputadas del Chaco, que sufren hostigamiento y agresiones en su provincia por parte de sectores retrógrados luego de haber votado la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. No van a detenernos pic.twitter.com/Irgj9Ym5kP
— Gabriela Estévez (@gabiestevezok) June 27, 2018
Rach Quiroga habló con #LaGarcía sobre la sucedido.
La legisladora Lucila Masin también agradeció las muestras de apoyo
A continuación el comunicado del Frente de Mujeres del Campo Nacional y Popular:
Ante la virulencia mediática, en redes sociales y convocatorias a escraches de determinados sectores, afiliados al PJ y demás fuerzas políticas y religiosas, utilizando argumentos ruines como acusaciones de genocidas, pedidos de expulsión del Partido Justicialista y excomunión a las legisladoras que apoyaron con su voto la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso de la Nación, desde el Frente de Mujeres del Campo Nacional y Popular denunciamos públicamente y ante las instituciones de la democracia, la violencia de género y política, por persecución y estigmatización sobre quienes responden al mandato popular de miles de mujeres a lo largo y ancho del país, de la historia y en concordancia con los tratados internacionales a los que Argentina adhiere desde 1994.
Genocidas son los que haciendo uso de las fuerzas de represión del Estado, han desaparecido, torturados y robados bebes, quienes fueron condenados por la sociedad y sus instituciones por tales crímenes, algunos de los cuales hoy se ven beneficiados con prisión domiciliaria, con la complicidad del gobierno nacional y el Poder Judicial.
Entendemos que tal comparación inescrupulosa, como las mencionadas, y el uso de la imagen de estas mujeres, en redes y medios públicos, reproducen la violencia machista enquistada socialmente, esconden la misoginia conservadora de rancios sectores de nuestra sociedad, que apelando a un moralismo retrogrado, priva de libertad a las personas gestantes ya que la práctica del aborto existe y ha existido a lo largo de la historia, sumergida desde siempre en la clandestinidad, llevándose las vidas de millares de mujeres, fundamentalmente de los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad.
Es deber de estas legisladoras, de un Estado laico, bregar por las garantías e igualdad de condiciones para el derecho a la maternidad. Esa responsabilidad debe ser deseada y en las condiciones de igualdad y garantías para la vida, el ejercicio pleno de un derecho social y la garantía efectiva al acceso de la salud pública. Por acumulación histórica, por la memoria de las que nos precedieron, y sintetizaron el sentir de millones de nosotras, nuestras abuelas, nuestras hermanas, madres y compañeras, compatriotas de la patria grande, consideramos que la sanción de tal legislación representa una conquista social.
Va nuestro apoyo a las diputadas Lucila Masin y Analía Rach, que con coherencia política e ideológica, también se han opuesto a proyectos antipopulares como la reforma previsional, y han posibilitado la discusión a fuerza de militancia y compromiso con el bien común, reivindicaciones de las trabajadoras y el conjunto del pueblo trabajador.
La primera forma de explotación, conocida por la humanidad, ha sido sobre el género mujer e identidades diversas. En nuestro país, hasta hace 70 años el congreso de la nación discutía si las mujeres podían votar y ser elegidas como representante del pueblo. Hace no más de 10 años, las personas de identidades disidentes, no eran sujetos de derechos, siendo producto del debate democrático y la movilización popular, la sanción de leyes que garantizan el derecho humano a la identidad auto percibida y la conformación legal de la unión conyugal. Sabemos de los derechos aún pendientes de conquistas, en ese camino nuestro compromiso para fortalecer las organizaciones y la participación política para combatir y erradicar las violencias, las desigualdades sociales, económicas, educativas, políticas y culturales que impregnan las instituciones sociales, porque sin igualdad de género no habrá justicia social. Ahí radica la potencial fuerza colectiva, la posibilidad de un nuevo sentido común, nuevas formas de relaciones de poder, el feminismo y la diversidad de la que se nutre, es revolución, y el campo nacional y popular, por compresión y acumulación histórica, será para la emancipación o no será.
Firman el escrito:
CTA de lxs Trabajadorxs, Peronismo Militante, la Cámpora, Partido Frente para el cambio, Unidos y Organizados, Frente Grande, la Revuelta Feminista Chaco, Ateneo Feminista, Forja, Partido Comunista, Avance estudiantil Humanidades, Católicas por el Derecho a Decidir, Mujeres Peronistas con Cristina, Frente de Mujeres del Campo Nacional y Popular de Sáenz Peña, Makallé y Barranqueras.
Adhieren al documento Furia Travesti y Trans Chaco y Mala Junta.
