El Gobierno de la Alianza Cambiemos no improvisó el pedido de rescate al Fondo Monetario Internacional. Formaba parte de su estrategia. El eufemismo utilizado por algunos escribas de que ahora se “podrá financiar el gradualismo” es sólo eso, un eufemismo. ¿Cómo se entiende sino que la Administración central ya haya comenzado con la aplicación de las recetas de ajuste mucho antes de pedirle plata al Fondo? Con el FMI, el ajuste ya consumado sobre los trabajadores, jubilados y sectores productivos será mayor y peor.
“Esta vez es en serio”, sostuvo Marcos Peña Braun durante una conferencia de prensa. Probablemente, lo que sea “en serio”, sea la transformación de la estructura económica a favor de las corporaciones económicas con un desmantelamiento del Estado en su rol de distribuidor del ingreso. Y esto se puede observar en algunos indicadores macroeconómicos.
La inversión financiera del Estado nacional hacia las provincias tuvo una retracción del 46 por ciento durante el primer trimestre del año, según los cálculos realizados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Cuando el Gobierno nacional habla del recorte de los subsidios como eje de su programa económico, lo que está detrás es una enorme transferencia de recursos de la ciudadanía hacia las corporaciones económicas.
Durante el primer trimestre del año, los subsidios a la energía y transporte tuvieron un recorte del 38 por ciento, equivalente a 13.600 millones de pesos.
¿Quiénes financiaron la caída de esos subsidios a favor de las corporaciones económicas? Los usuarios de luz y gas.
¿Quiénes se quedaron con estos 13.600 millones de pesos? En el rubro energético, las empresas que ganan con el tarifazo son, entre otras, Transener, Pampa Energía, Panamerican Energy, las tres con incidencia en La Patagonia y Edesur, Edenor en el resto del país. En Edenor también posee injerencia Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y empresario fetiche de Macri, después de su amigo del alma Nicky Caputo, también con inversiones en la energía eléctrica. Se beneficiaron también Transportadora de Gas del Norte y del Sur (TGS y TGN), Metrogras, etc. Es decir, hoy son los usuarios los que le están financiando la altísima tasa de rentabilidad a las corporaciones energéticas.
Por otro lado, el Gobierno nacional aplicó un fuerte recorte en las transferencias destinadas a financiar inversiones de capital en empresas públicas. Es decir, se beneficia a los privados con tarifazos en detrimento de las empresas estatales.
El recorte en las inversiones de capital para empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado fue del 45 por ciento durante el primer trimestre, es decir 2900 millones de pesos menos que en el primer trimestre de 2017.
Por citar un ejemplo, Yacimientos Carboníferos Río Turbio sufrió un recorte en sus gastos corrientes del 44 por ciento interanual. Por otro lado, en lo que va del año el Gobierno nacional no realizó ninguna transferencia de capital, es decir cero pesos en inversión genuina, ni en la mina ni en la Mega Usina 240. Esto se tradujo en 800 despidos y en el inicio de Procedimiento Preventivo de Crisis.
Las inversiones realizadas por el Estado central hacia las provincias registraron una caída del 30 por ciento durante el primer trimestre del año. La única estrategia visible del Gobierno parece ser una retirada del Estado a favor de la transferencia de recursos hacia los sectores concentrados de la economía en detrimento de las provincias. La llegada del FMI sólo acelerará este proceso de deterioro.
