Por Sabrina Roth
Que el Estado de derecho en Jujuy fue herido de muerte se sabe desde que Gerardo Morales amplió el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, exactamente cinco días después de haber asumido, en diciembre de 2015. Se profundizó su agonía con la detención arbitraria de Milagro Sala el 16 de enero de 2016 y luego con la persecución a todos sus defensores, de distintos modos. Pero su fusilamiento se terminó de concretar el pasado Jueves Santo, con la privación de la libertad del abogado Héctor Huespe, en pleno ejercicio de su profesión, que estuvo desaparecido durante 45 minutos junto a los estudiantes Jonatan Renauld, Santiago Sampana y Valentina Melo; al docente Iván Mendoza y la concejal Andrea Gutiérrez, con fueros parlamentarios. ¿El delito? Realizar una protesta pacífica en la vereda de la Casa de Gobierno. Lo más peligroso de todo es que lo que sucede en la provincia es utilizado como un tubo de ensayo a nivel nacional. Carlos Alberto López de Belva, de la comisión de Defensa de la Defensa de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), alertó sobre la gravedad del caso: “cuando se detiene a un abogado lo que está solapado detrás de esa acción ilegítima es la pretensión por parte del poder de dejar a sus defendidos sin defensa técnica y, por elevación, mandarle un mensaje al conjunto de la abogacía haciéndole saber qué les podría ocurrir si asumen la defensa de casos que pueden resultar molestos al poder”. El secretario de Seguridad de la provincia, Guillermo Tejerina, que, según señaló Huespe, estuvo todo el tiempo al frente del operativo, será denunciado penalmente.
El gobierno de la unión, la paz y el trabajo de un día para el otro dejó sin empleo a 120 docentes y sin centro donde cursar sus estudios a más de 650 alumnos, a pesar de haber habilitado el 26 de febrero de este año el ciclo lectivo 2018 de los Centros de Educación Integral para Jóvenes y Adultos (CEIJA) Idear. Con el argumento de la existencia de “irregularidades administrativas”, decidió cerrar estos institutos cuando ya estaban iniciadas las clases. En diálogo con #LaGarcía, Jonatan Renauld, estudiante del CEIJA de Palpalá y uno de los detenidos durante la protesta, explicó que la propuesta del Supervisor General, Juan Carlos Sánchez, “consiste en que quienes cursan en estos institutos se reinscriban en otros de gestión estatal en los que haya cupo. Fuimos a averiguar a los colegios que ellos disponían para nosotros y allí no nos reconocen lo estudiado”. El abogado Héctor Huespe, se reunió el miércoles 28 de marzo con la directora de Nivel Secundario del ministerio de Educación, Sivina Cammuso. Le llevó una contrapropuesta para evitar que los jóvenes pierdan lo cursado y los docentes sus trabajos. Sin embargo, la funcionaria no ofreció ninguna solución. Ante ese escenario, los estudiantes decidieron mantener el acampe en la puerta de la Casa de Gobierno y adelantaron que se quedarían todo el fin de semana largo.
El jueves llovió desde la tarde y los estudiantes pusieron dos gacebos que no ocupaban ni la mitad de la vereda para cubrir las cosas y para que no se enfermaran los que quedaron. Por la noche, mientras esperaban que regresen los chicos que se habían ido a bañar y a descansar y conversaban con una profesora jubilada que los había ido a visitar y con Andrea Gutiérrez, concejal del FIT, que les había acercado gaseosas y algo para comer, llegaron 5 camionetas de la policía. “Los vehículos llegaron al mismo tiempo que unos 20 policías con casco, escudo y palos, como si fueran a una movilización, corrían hacia nosotros y habían otros 40 efectivos más. De los 15 que estábamos se llevaron a seis. Cuando llegaron me dijeron que venían a arrestarnos porque los chicos pusieron un gacebo de más y nos agarraron y nos llevaron sin decirnos cuál era el delito”, recordó Huespe. Desde la vereda de enfrente, con un celular, uno de los oficiales filmaba el operativo.
Claudia González, presidenta de la Asociación de Abogados de Jujuy (AAJ), contó: “Durante 45 minutos no supimos a dónde se lo habían llevado. Teníamos las filmaciones de las redes donde personal policial detiene a Héctor y lo sube a una camioneta, pero no sabíamos a dónde lo habían llevado. Entonces un grupo de abogados del espacio al que pertenezco nos dividimos el trabajo, cada uno fue a averiguar a donde podía estar el colega. También tratamos de poner en conocimiento el hecho a las autoridades del Colegio de Abogados de Jujuy, pero no encontramos a nadie de la Comisión Directiva. Se imponía que los abogados fuéramos a pedir por la libertad del colega. Entendemos que la situación es grave y amerita que todos los abogados estemos unidos”.
Apenas liberado, ya pasada la una y media de la madrugada y en la puerta de la Central de Policía donde lo esperaban colegas, los diputados provinciales del Frente Unidos y Organizados de la Soberanía Popular y del Frente de Izquierda de los Trabajadores, organismos de derechos humanos y dirigentes sindicales, entre otros, Huespe aseguró: “esta es una muestra de la persecución política que se vive en Jujuy, de la falta de estado de Derecho en la que vivimos, es la muestra de un Tribunal Superior de Justicia con nueve miembros, cuatro nuevos metidos por la ventana y que responden directamente al gobierno provincial. Esto es un peligro. Vivimos en un estado de peligro permanente, vivimos a la buena de dios, a lo que quieran hacer estos tipos con nosotros. Les hemos leido la constitución provincial. Era nuestro derecho constitucional estar reclamando pacificamente con jovenes que solo pedían poder terminar la secundaria”.
El jefe de la policía provincial, el comisario Guillermo Corro, sostuvo en una entrevista a Radio Nacional que la fuerza “trabajó de oficio, trabajó en la flagrancia de un delito”. Y agregó: “Habían colocado el toldo que tenían, el día anterior también había sucedido lo mismo y la noche que se procedió al despeje se lo hizo de una manera preventiva, en función de una flagrancia, obviamente nos habíamos comunicado con el ayudante fiscal para dar a conocer esta situación porque teníamos los elementos de prueba en la mano. Lo dimos a conocer y nos apersonamos al lugar porque nos habían puesto una carpa más frente a la entrada, al acceso de la casa de gobierno y los trasladamos a la Central de policía donde quedaron a disposición de la fiscalía quienes les imputaron el delito”. Desde el Ministerio Público de la Acusación, ante la consulta de #LaGarcía, confirmaron que desde la fiscalía no se emitió orden ni imputación alguna.
A pesar que en las filmaciones se ve que cuando llega la policía inmediatamente empuja a los detenidos a una de las camionetas, Corro aseguró que “en el momento del procedimiento el comisario a cargo les leyó el trabajo que se iba a realizar y hubo resistencia de dos personas. El resto nos acompañó al departamento central que es donde se realizó todo el trámite procesal, las diligencias procesales ordenadas por la fiscalía y posteriormente se dispuso la libertad que se demoró un poco porque dos personas no querían aportar datos y se trabajó con la dirección de antecedentes personales de la policía para identificarlos y tener los datos filiatorios”. Ante la consulta de quiénes se resistieron, el Comisario se excusó: “no tengo precisiones”.
Respecto a Huespe, el jefe de la policía dijo no tener conocimiento que haya sido representante legal. “Sí es un abogado conocido, pero no representante legal porque no ejerció la representación de ellos en ningún acto procesal ni en ningún acto de intimación que se hizo previamente”. Sin embargo, tal como puede verse en la imagen que acompaña esta nota, ese mismo día en el acta de intimación confeccionada a las 15.25 horas con firma del jefe del departamento contravencional Rubén Rafael Rodríguez y por la Comisario Inspector de la Policía de Jujuy, Graciela Gareca, se consignó que entre los protagonistas de la infracción habían “veinte personas aproximadamente quienes se niegan a aportar datos personales, presentándose solo la persona que manifestó llamarse Héctor Huespe como abogado”.
Respecto a la imputación por “turbación de la posesión”, a más de una semana de ocurridos los hechos se desconoce quién la habría realizado. En el expediente que se abrió el día de la detención no hay precisiones al respecto. Pero, además, todos los abogados consultados, explican que no puede imputarse dicho delito por ocupar una parte de una vereda, que es un espacio público: “Para que se produzca la turbación de la posesión, uno tiene que tener la intención de apoderarse de la cosa. En los bienes de dominio público no existe esa posibilidad de posesión porque es de uso público. Por lo tanto, este delito que es de acción privada, jamás puede ser por la posesión de un espacio público”.
Recién siete días después de ocurrido el hecho, en un comunicado escueto, el Colegio de Abogados de Jujuy (CAJ) repudió la detención del colega, que fue calificada como “ilegal”. “No existió orden de un Fiscal, ni de autoridad judicial alguna, como tampoco hecho alguno que legitimara la detención del Dr. Huespe, viéndose vulnerados elementales derechos constitucionales de nuestro matriculado”, aseguraron en el comunicado. Sin embargo, desde la AAJ, indicaron que “no es suficiente el comunicado del CAJ, a pesar que es contundente porque habla de la arbitraria e ilegal detención de un abogado en el ejercicio de su profesión. Nosotros creemos que hay que hacer una denuncia penal porque si no hay orden de detención emanada de un juez competente entonces hay un secuestro, en ese caso, eso es un delito y lo cometió la policía de la provincia”. En ese marco, Claudia González cuestionó: “Si el sindicato decide una medida de fuerza y el abogado está al lado cumpliendo su papel de asesor, ¿también corre riesgo de que se lo detenga? Esto es una coerción y un amedrentamiento que es insostenible en un estado de derecho”.
Por otra parte, la ley 3329/76 establece que los abogados “en el desempeño de su profesión quedan asimilados a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. El Superior Tribunal de Justicia sin perjuicio de la intervención de la autoridad específica que corresponda, velará por el cumplimiento de esta disposición”. Consultados por este medio, hasta el viernes 7 de abril, el máximo órgano del Poder Judicial de Jujuy no habría dispuesto medida alguna en relación a la violación del derecho a la defensa por parte de Huespe. En este marco, López de Belva reflexionó: “esto si que es contradictorio. En el año 76 se consagra el respeto que se le debe dar a un abogado asimilándolo a un magistrado y en el 2018 pasan por arriba de esa garantía con argumentos absolutamente falaces”.
