El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellenada analizó las consecuencias que acarrea el proyecto de ley de reforma previsional impulsada por el Gobierno que ya tiene media sanción en el Senado.
Según el estudio, “la doble llave aplicada sobre transferencias económicas (mayormente subsidios a los servicios) y gasto social (principalmente seguridad social) cierra el círculo 2018 en materia fiscal. Sin ajuste sobre estos rubros, el cumplimiento del objetivo de déficit primario del 3,2% sería inasequible”
Uno de las conclusiones focaliza en el diferencial entre la nueva fórmula de ajuste por inflación trimestral y la que se obtendría de mantener la Ley de Movilidad: “Asumiendo una trayectoria de inflación futura en base al relevamiento de expectativas BCRA, se acumula una brecha de $8.646 en los próximos dos años”
La modificación incorporada en el dictamen de Comisión, relativa a la incorporación de un 30% de índice de salarios registrados –siguiendo al RIPTE- no modifica sustancialmente la inconveniencia del cambio en el esquema de ajuste.
Claro que no sólo los haberes se ven afectados por la desactivación de la fórmula de movilidad, ya que la gran porción de las prestaciones, ajustaba en base a ese índice. Así, en el próximo ajuste del mes de marzo, la AUH tendrá un deterioro de $105 respecto al correspondiente a la Ley de Movilidad, mientras que la asignación por hijo con discapacidad perderá $345.
En el nivel agregado se conjuga una transferencia positiva sobre alrededor de 700 mil. jubilados por el 82% móvil con una transferencia negativa por el cambio en la fórmula de movilidad. En el efecto neto, la primera representa menos de 2,1% de lo que los adultos mayores perderán mensualmente por la nueva Ley.